⁠Ayuso presenta su plan de vivienda: menos pisos de los prometidos en 2019, oficinas convertidas en casa y rebajas de impuestos

La Comunidad de Madrid, especialmente en lo que se refiere a la capital, es la región de España más golpeada por la crisis de precios de la vivienda. La especulación campa a sus anchas en la autonomía gobernada por Isabel Díaz Ayuso, quien prepara un nuevo plan para dar respuesta a la situación. El Ejecutivo central aprobará este martes su Plan Estatal de Vivienda y, casualmente, la baronesa del Partido Popular (PP) hará lo propio un día después, con su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida.

El objetivo, venden desde la Comunidad de Madrid, es “crear más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años”. Como aval de su promesa destacan que se han entregado 5.300 casas de su Plan Vive. Más allá de que las viviendas de este plan se caen abajo, plagadas de humedades, defectos de construcción, grietas, inundaciones, y sus precios, requisitos y limitación de acceso están contemplados para rentas muy superiores a lo que se espera de la vivienda protegida; el principal problema es que Ayuso ya prometió todas esas viviendas hace siete años.

“Presento el Plan Vive Madrid. Consiste en la construcción de 25.000 viviendas para ofertarlas en alquiler a jóvenes y familias madrileñas, adaptando el arriendo a su nivel de renta y atendiendo, también, a si tienen hijos y cuántos hijos tienen”, pronunció en la campaña electoral de 2019. “Queremos construir 25.000 viviendas para menores de 35 años y, en concreto, 15.000 viviendas en esta legislatura”, insistió ya como líder regional, rebajando las expectativas. A poco más de un año de acabar su segunda legislatura, ha entregado 5.300 y promete ahora alcanzar las 14.000 en 2027.

Cabe destacar, además, que para poder acceder a una vivienda protegida en la Comunidad de Madrid se debe poder demostrar al menos diez años de empadronamiento en la región. Una especie de “prioridad regional” al estilo de Vox que deja fuera de estos inmuebles a una gran parte de la población, como los miles de jóvenes que llegan a estudiar y posteriormente se quedan en la autonomía, ciudadanos que desembarcan en la capital por motivos laborales o muchos migrantes regulares, entre otros segmentos poblacionales.

Oficinas convertidas en viviendas

Una de las medidas que el Ejecutivo de Ayuso vende a bombo y platillo, como pionera, es la transformación de bajos comerciales en supuestos inmuebles. “Convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible, iniciativa que en apenas un año logra añadir más de 8.000 nuevas casas al mercado inmobiliario regional y beneficiar a 20.000 personas”, trasladan desde la Comunidad de Madrid. “Pseudoviviendas”, matizan desde las asociaciones y organizaciones sociales, para las rentas más bajas, que no pueden costearse un hogar en la tierra de la libertad.

La práctica de alquilar locales industriales u oficinas como vivienda o pisos turísticos no es una novedad en la capital. Algunos reconocidos ciudadanos madrileños, como Alberto González Amador, desempeña este negocio en el barrio de Usera. Emplazamientos no destinados para ser habitados y que, en una gran parte de las ocasiones, no son acondicionados correctamente para este cometido. Además, la propiedad tras estos locales también deja entrever el devenir de los acuerdos contractuales, aunque la Comunidad de Madrid traslada que la intención es que constituyan alquileres asequibles.

Rebajas de impuestos y otras medidas

Aparte de estos abordajes, desde la Comunidad de Madrid también destacan la reducción de impuestos, con especial beneficio para las clases altas y medias-altas, para el acceso a la vivienda. “Desde 2019 la mayoría de las rebajas de impuestos aprobadas por la Comunidad de Madrid, hasta un total de 14, están enfocadas en facilitar el acceso a una vivienda y especialmente dirigidas a menores de 25 años”, aseguran, sin detallar a qué rebajas impositivas se refieren. Gran parte de las que ya han sido aprobadas están destinadas a los ya propietarios y a los que se benefician de rentas inmobiliarias.

Más allá de la habitual reducción de impuestos, el Gobierno de Ayuso aprobará la ampliación del límite de edad para acceder a avales para hipotecas (de 40 a 50 años), la elevación a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para aumentar los beneficiarios con financiación hipotecaria del 100%; la construcción de vivienda protegida en parcelas de titularidad privada, cambiando el uso de suelo para este tipo de casas en suelo destinado a edificar alojamientos hoteleros; o los incentivos para incrementar la capacidad ampliando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificación para crecer el número de pisos.