La administración de Isabel Díaz Ayuso sigue gobernando a golpe de macroproyecto, esta vez en términos educativos y, concretamente, universitarios, uno de los brazos estudiantiles que más están doblando el brazo al Ejecutivo de la presidente. De hecho, a este nivel educacional se le atribuye en mayor medida la salida del anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, de la consejería.
El cambio por Mercedes Zarzalejo en el departamento, más allá de la fallida ley de universidades, no está suponiendo una mejora real en la universidad pública. Sin embargo, el equipo de la Puerta del Sol insiste en el tono rimbombante para vender lo que hace tiempo que considera un producto por encima de un bien o un servicio.
Batalla cultural o residencial
La última prueba de este modus operandi es ‘Madrid, región universitaria’, una idea que, en palabras de la región capital está pensada “para que Madrid siga siendo y aproveche la oportunidad de hacer casa internacional de la Educación Superior, la investigación y la innovación, especialmente en la lengua de Cervantes, el español”.
El programa del proyecto pretende asimismo “reforzar la inteligencia Artificial para su estudio y su aplicación en la vida académica e impulsar un plan de residencias y de viviendas para estudiantes” que recibe el nombre de “Plan Vive universitario”, recuperando de esta manera el modelo de alquiler asequible que puso en marcha la Autonomía y que, en la práctica, supuso un pufo y favoreció a las rentas más altas.
En última instancia, Ayuso anunciaba que iban a “abrir los campus universitarios todo el año, especialmente en verano”. “Vamos a llenar de vida nuestras instalaciones mientras se estudia y se disfruta la oferta cultural y deportiva de Madrid, que hoy es la más potente del mundo”.
Se trata de una medida grandilocuente, qué duda cabe, pero que en la práctica supone un parche y destinar los recursos universitarios a cuestiones que no son prioritarias. Todo a la vez que los sitios públicos siguen sufriendo al deterioro y falta de recursos básicos.
"Ánimo de lucro y empresarializada"
La portavoz de Coordinadora de Plataformas por la Pública -que aúna a profesores y alumnos de las seis universidades públicas madrileñas-, Eva Aladro, lo califica en declaraciones a ElPlural.com como “un paso más de intentar convertir la universidad en una entidad con ánimo de lucro y empresarializada”.
Lo que se pretende, considera, es “utilizar terreno de universidades públicas para construir”, lo que conlleva una “intención inmobiliaria y turística”. “Al fin y al cabo crear plazas residenciales para escolares o estudiantes en verano en realidad es turismo. Están introduciendo un factor más para sacar intereses lucrativos de la universidad y dejar de atender y ocuparse de la financiación básica y estructural”.
La Coordinadora de Plataformas por la Pública lamenta que el escenario plantea una “paradoja”: “Se quiere especular inmobiliariamente con la universidad, creando plazas turísticas en sus terrenos que además están protegidos por la autonomía universitaria”.
Con todo, los defensores de la educación pública consideran un “escándalo” las intenciones, y recuerdan que los rectores ya firmaron el acuerdo. “Convierten a la universidad en leña para una hoguera que no es la suya”, concluyen.
Desguaza la universidad pública en contra del Gobierno central
Todo esto ocurre en un contexto en el que la universidad de todos, directamente, agoniza. Y lo hace en varios sentidos. En la Comunidad de Madrid ya existen 13 centros privados de educación superior -aunque el proyecto recientemente aprobado contempla uno más- y sus alumnos superan holgadamente los 100.000.
No obstante, Ayuso ha impulsado un acuerdo de financiación que incumple la normativa, limita las infraestructuras básicas a los espacios y provoca que no pueda pagarse a profesores, ni se destinen suficientes fondos a investigación, becas o materiales.
El conjunto del PP está intentando favorecer esta línea, liderados por la presidenta madrileña, pero se topan con la Justicia al intentar tumbar la hoja de ruta del Gobierno central, que pretende impulsar los servicios públicos.
Concretamente, la norma de Moncloa establece un mínimo de 4.500 alumnos en seis años, la obligación de investigar -no solo limitada a docencia-, requisitos de persona, o la necesidad de informes de calidad vinculantes con las nuevas edificaciones.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso considera que esta norma "limita injustificadamente" la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocidas en la Constitución Española, que va contra la seguridad jurídica; y que ha sido elaborado "sin ningún tipo de negociación o consenso". A su juicio, este real decreto es "puramente ideología" y no responde a la búsqueda de la "verdadera calidad" de los centros.
Baleares, Aragón, Extremadura y La Rioja se han sumado a la insurrección y han acudido al Tribunal Supremo, lo mismo que algunas firmas académicas privadas, pero el Alto Tribunal no les da la razón.
