La marea verde ha inundado las calles de Madrid este fin de semana. Esta vez, las protestas estudiantiles, siempre tan numerosas como las sanitarias; dos sectores fundamentales para el buen funcionamiento del sistema, han estado lideradas por el profesorado y el alumnado de entre 0 y 3 años, el mismo que lleva en pie de guerra desde hace unas semanas, debido a las condiciones laborales a las que se enfrentan los profesionales y que, en consecuencia repercuten en el aprendizaje y cuidado de los pequeños.
Los motivos de los primeros educadores pasan por una mejora en las condiciones de los profesionales de estos centros, los cuales muchos tienen un salario que apenas supera los 1.000 euros mensuales; pero si hay una motivación mayor que los ha conducido a llenar las calles, especialmente en las últimas horas, pero también en la última semana, esa son las ratios.
Actualmente, el número de niños y niñas que tiene que atender el personal educativo es de hasta tres bebés de menos de un año por trabajador, cinco si se atiende a la edad de entre 1 y 2 años; y seis para los de tres años.
La sobrecarga se nota igualmente en el número de horas. De esta manera, a las peticiones hay que añadir las cinco horas semanales no lectivas para el trabajo pedagógico y burocrático, al que tal y como están actualmente divididas las horas lectivas y el volumen de trabajo que tienen, deben atender en horario de atención a los pequeños o fuera de horario.
Otras de las reclamaciones son que el calendario laboral no abarque el mes de julio o que se mejore la categoría profesional. Sin embargo el problema que aparece en la educación pública madrileña es de fondo y estructural, de ahí que las reclamaciones también lo sean. Con ello, la marea verde, si bien liderada por los y las educadoras de la edad más baja, tuvo presente también a los colegios, los institutos y las universidades.
Problemas estructurales, independientemente del nivel escolar
Las voces críticas llevan meses, sino años, señalando a ElPlural.com y otros medios de comunicación las dificultades que atraviesan para salir adelante y la problemática que se da a todos los niveles. Entre ellos, aunque a priori no hagan tanto ruido, este periódico ha conocido de primera mano por ejemplo la situación en la que se encuentran las infraestructuras de los centros educativos madrileños.
Asimismo, en las últimas semanas los sindicatos han puesto en conocimiento de este medio de comunicación la forma en la que la Comunidad de Madrid reparte los fondos llegados de Europa para asuntos que tendrían que ver con la educación. Consideran que hacen más falta para subsanar las deficiencias que para las cuestiones para las que la administradora de Sol los está empleando. En otro orden de cosas, el cierre de aulas también va a ser una política que va a llevar a cabo la región autonómica, en consonancia con la que realiza, por ejemplo, la Junta de Andalucía.
La comunidad educativa confiaba en parte en que con el reemplazo de Emilio Viciana por el de Mercedes Zarzalejo cambiara algo el escenario, pero nada más lejos de la realidad, y es que la lucha se mantiene a todos los niveles, también el universitario.
El cambio de consejera no se ha traducido por el momento en mejoras palpables. Buena cuenta de ello es que la universidad también continúa poniendo pie en pared. De hecho, la última semana tuvo asimismo lugar una especie de macromanifestación -todas las universidades públicas llevaron a cabo diferentes protestas- contra las decisiones de Díaz Ayuso en beneficio de la privada; un plan -el de la Comunidad de Madrid- que pretende impulsar un plan contrario a la propia ley autonómica y que perpetúa en última instancia la decadencia de los centros públicos.
Más del 95% del alumnado universitario votó en contra de los recortes de la Comunidad de Madrid en un referéndum simbólico; unos recortes por los cuales la administración debe a las universidades 1.150 millones de euros solo en concepto de pago de nóminas.
Da igual a qué escalafón educativo se mire. Son problemas que se repiten en todos los niveles y tienden a coincidir en los mismos puntos: salarios insuficientes, sobrecarga laboral, infraestructuras defectuosas, dinero que podría ir a cubrir otras necesidades de las partes, e incluso desigualdad entre áreas territoriales, siendo los espacios académicos que se ubican en el sur, los más damnificados.
Por centrar el foco en un aspecto, el cierre de aulas y la limitación de plazas son dos de los puntos que más afectan a todas las escalas, pero centrándonos en la educación de entre 0 y 3 años, que lideraba las protestas: el Gobierno de la baronesa ‘popular’ se comprometió a crear 5.304 plazas públicas; no obstante, llegados a este punto, la región solo ha materializado 3.928 de las prometidas; 3.530 en colegios y cerca de 400 en escuelas de gestión directa, con lo que quedará un déficit de 1.376 plazas sin cubrir.
