Una de las imágenes que traspasó fronteras en 2022 fueron los numerosos incendios que se dieron en suelo español, cientos de hectáreas que el fuego no tardó en calcinar, dejando a su paso un paisaje negro, lúgubre, ceniciento.
No obstante, el 2023 ha despertado con un rayo de luz, y es que enero ya es el mes en el que se han quemado menos hectáreas si se tiene en cuenta la media del último decenio. Podría tomarse como un tema menor, pero nada más lejos. Al echar la vista atrás al año pasado, un año ‘negro’, especialmente en verano, cabe recordar que este fenómeno puso en riesgo la vida y cotidianidad de miles de vecinos del medio rural, viéndose especialmente afectados los lugareños de Castilla y León.
Diez veces menos de hectáreas quemadas que en 2022
Según los datos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) en materia de incendios forestales, en este periodo se han quemado un total de 454 hectáreas, casi diez veces menos de extensión que las 4.218 que se quemaron en 2022.
Es así como la superficie quemada es muy inferior a la media de los últimos diez años para el mes de enero, que se sitúa en 2.144 hectáreas. Enero de 2023 encabeza así la lista con menos territorio calcinado por el fuego, teniendo por delante las 499 que se quemaron en 2018, las 574 de 2013, las 653 hectáreas de solo enero de 2021 y, la cifra más elevada y preocupante, la que se registró en enero de 2016, con 677 hectáreas arrasadas por las llamas.
En relación con los incendios, en este primer mes de enero también se han registrado cifras de lo más positivas. Hasta 168 fuegos se han contabilizado antes de febrero, una cifra muy inferior a la de 2022, con 855 incendios. Mientras, la media del decenio se sitúa en los 411. De ellos, más de dos tercios, 124 fueron conatos, es decir que se extinguieron antes de afectar a una hectárea de superficie, frente a los 44 restantes, que superaron ese valor. Una cifra similar a la de 2023 solo se puede encontrar en 2016, aunque en 2021 descendió a 167 siniestros.
En cuanto a la distribución geográfica, el 33,33% de los incendios que se han registrado este 2023 se han dado en la zona noroeste del país, el 41,07% en el Mediterráneo y, en menor medida, el 25,60% en el centro peninsular.
Lo cierto es que los datos de Europa tampoco fueron alentadores el año pasado: un total de 786.049 hectáreas fueron arrasadas por las llamas, una cifra de la que buena parte se corresponden con los incendios de España, ya que el 39% se dieron en la Península, lo que se traduce en más de 300.000 hectáreas arrasadas.
Zamora, la provincia más afectada
Los veraneantes en las playas y los aeropuertos atestados de pasajeros no fueron las únicas imágenes que acapararon los telediarios durante el pasado verano, sino que buena parte de estos se focalizaron en unas escenas aún más devastadoras: los grandes incendios que se dieron en Castilla y León, Andalucía o Galicia.
La primera alarma nacional saltó con el fuego de Pujerra (Málaga) el 8 de junio, cuando 3.5000 hectáreas quedaron devastados y solo quedó un rastro de cenizas, lo que también derivó en la evacuación de hasta 3.000 vecinos. Un acontecimiento que coincidió con la fuerte ola de calor que volvió a dejar en gran parte del país temperaturas superiores a los 40º centígrados.
No obstante, cientos de kilómetros al norte, en Zamora, el infierno se sintió aún más cerca. Losacio, Ferreras de Arriba y Tábara fueron algunas de las localidades que vieron cómo el fuego se acercaba cada vez más deprisa a sus casas, aunque fue la zona de la Sierra de la Culebra la que despertó el grito de socorro nacional.
En tan solo un mes, Zamora perdió hasta 56.000 hectáreas, el 6,5% de su superficie.
Incendio en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, en verano de 2022. EP.
Las medidas urgentes del Gobierno
En aras de paliar los devastadores efectos de los múltiples incendios que, año tras años, se incrementan aún más, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en agosto de 2022 un paquete de medidas con carácter urgente para la prevención y extinción de incendios para que los territorios afectados contasen con “una planificación anual que contemple, no solo las épocas de alto riesgo, sino de bajo y medio”.
Meses después, ya en octubre, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley del Gobierno de coalición, con el que se destinaron 774,4 millones de euros a la causa.
Con una mentalidad más concienciada y teniendo al alcance competencias y medidas para paliar y evitar estos escenarios, cuando el calor arrecie, podrían evitarse, tanto este 2023 como los años venideros, catástrofes de este calibre.
