Los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) como las bicicletas se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más popular en las ciudades españolas. Sin embargo, su uso también plantea algunos problemas de seguridad vial y convivencia con los peatones y otros vehículos. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido regular su circulación con una nueva normativa que entró en vigor el pasado 22 de enero de 2024.

Según la DGT, los VMP son aquellos vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados por motores eléctricos que pueden alcanzar una velocidad entre 6 y 25 km/h. Estos vehículos no necesitan autorización administrativa para circular ni seguro obligatorio, pero sí deben cumplir una serie de requisitos técnicos y de comportamiento.

Las medidas que afectan a los usuarios

El director general de Tráfico, Pere Navarro, explicó en la Comisión de Interior del Senado las principales medidas que afectan a los usuarios de VMP:

- Se les reconoce la consideración jurídica de vehículo, lo que implica que deben respetar las normas generales de circulación, como la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, el uso de auriculares o el teléfono móvil.
- Se les prohíbe circular por las aceras y las zonas peatonales, así como por las carreteras interurbanas, los túneles urbanos y las travesías.
- Se les limita la velocidad máxima a 25 km/h, salvo que el ayuntamiento establezca otra inferior.
- Se les exige llevar una placa identificativa con las características técnicas del vehículo, que deberá ser visible y legible.
- Se les sancionará con multas de entre 100 y 500 euros si incumplen estas normas.

La nueva normativa de la DGT pretende mejorar la seguridad y la movilidad en las ciudades, donde los VMP se han multiplicado en los últimos años. Según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España hay más de 5 millones de patinetes eléctricos, que ofrecen ventajas como el ahorro de combustible, la reducción de emisiones y la facilidad de aparcamiento. Sin embargo, también suponen un riesgo potencial de accidentes, que en 2022 se saldaron con 299 siniestros y 12 fallecidos, según datos de Fundación Mapfre.

La DGT ha dado un plazo de tres años, hasta el 2027, para que los fabricantes y los propietarios de los VMP adapten sus vehículos a la nueva normativa. Mientras tanto, los ayuntamientos podrán establecer sus propias ordenanzas municipales para regular el uso de estos vehículos en sus calles.