La Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra el tráfico ilegal de especies en Terrassa, Barcelona, donde se han intervenido 115 tortugas y 5 camaleones, todos ellos animales protegidos y sin los debidos registros ni microchips. La operación ha destapado una organización criminal que presuntamente involucraba a seis personas y a tres empresas, todas ellas bajo investigación por delitos que incluyen falsedad documental y contrabando.
La investigación se inició en 2022 tras una inspección en una tienda de animales en Zaragoza, donde se descubrió una tortuga rusa a la venta sin identificación y con documentación falsa. Este hallazgo llevó a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a profundizar en el rastreo del origen de estos animales, lo que los condujo hasta el almacén mayorista en Terrassa.
Algunas de las tortugas intervenidas en Terrassa (Barcelona). Fuente: Guardia Civil
En este almacén, se descubrió que los animales eran suministrados por otros establecimientos europeos, que proporcionaban documentos de importación o de criadores que simulaban una trazabilidad legal. La organización criminal, según se ha revelado, utilizaba la excusa del pequeño tamaño de los animales para justificar la falta de identificación, evitando así el uso de otros métodos de registro legalmente contemplados, como la fotografía.
Casi 6 millones de euros en daños ambientales
Los implicados en este esquema delictivo conseguían falsificar los certificados necesarios para que los animales parecieran de procedencia legal, lo que dificultaba la detección de las irregularidades a simple vista. Esta estrategia permitió que la red operara durante un tiempo considerable sin ser detectada.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha realizado un informe que confirma que los animales están protegidos y ha evaluado el daño medioambiental causado por la extracción de estos seres del medio natural en casi 6 millones de euros. Este valor contrasta significativamente con el valor de venta legal de los animales, estimado en solo 14.000 euros, poniendo de relieve la gravedad del impacto ambiental frente al beneficio económico obtenido.
