La gravísima situación de pandemia que estamos viviendo me ha hecho recapacitar sobre dos artículos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que parecen haber entrado en conflicto. El artículo 1 de este documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dice: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".  Es el primero y es el más importante. En poco más de veinte palabras resume el espíritu que llevó a la creación de las Naciones Unidas tras la insoportable tragedia de la Segunda Guerra Mundial.

Dieciséis artículos después, la Declaración reconoce en su punto número 1, que  "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente". Y en su punto 2, que "Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Recalco la importancia de que incluye el término: "arbitrariamente". Es decir, se reconoce el derecho a la propiedad, pero también la posibilidad de que sea conculcado si entra en conflicto con otro fundamental, y no hay uno más esencial que el derecho a la vida.
 
En el mundo fallecen más de 30.000 personas cada día víctimas del Coronavirus. Una enfermedad que aún carece de un tratamiento eficiente, pero que podemos prevenir con las cada vez más abundantes y certeras vacunas. Sabemos que tenemos capacidad para producir suficientes dosis para toda la población mundial, aunque sólo se dedicase a tal fin una parte de las muchas plantas de fabricación que existen de vacunas e inyectables. Pero también sabemos que la existencia de patentes y el derecho a la propiedad de la explotación de cualquier nuevo descubrimiento, lo está impidiendo. El derecho a la propiedad se ha puesto, como tantas otras veces en la historia de la humanidad, por delante del derecho a la vida.

No me resisto a ver como nuestros representantes políticos y líderes de opinión españoles, europeos y mundiales, y ciudadanos en general aceptamos con sumisión esta terrible indignidad. No les niego a los laboratorios farmacéuticos su derecho a ser recompensados, incluso generosamente, por el esfuerzo y la ingente cantidad de dinero invertida en la investigación. Pero me pregunto si no sería muchísimo más rentable para todos, incluso para los propios laboratorios, si se les indemnizara por la expropiación de las patentes y se fabricaran vacunas con todos los medios disponibles y en todos los países con capacidad para ello. ¿Ninguno de nuestros dirigentes mundiales ha calculado qué precio le ponemos a los más de dos millones de muertos que ha provocado ya el virus de forma directa? ¿Cuánto cuesta en sufrimiento físico y mental, en muertes y en dinero tener colapsado el sistema sanitario? ¿Cómo cotiza en bolsa el padecimiento de millones de personas que han perdido un ser querido? ¿Cuál es el precio de tener todo el planeta bloqueado por la enfermedad?

Incluso desde un punto de vista egoísta, es primordial que se tomen medidas urgentes para que la población mundial, incluidos, por supuesto, los países pobres, sea vacunada cuanto antes. Las cada vez más frecuentes mutaciones del virus pueden agravar la situación incluso entre los países ricos, dando al traste con los avances conseguidos con sus planes de vacunación.

Es urgente que los países de todo el mundo reclamen a la ONU que haga prevalecer el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos, sobre el 17, que reconoce el derecho a la propiedad. El derecho a la vida, la igualdad y la fraternidad entre los hombres es, sin duda, la mejor inversión que puede hacer la humanidad.  

Doctor Rafael Bárcena Marugán, jefe de sección de la Unidad de Trasplante Hepático del Hospital Ramon y Cajal desde 1992 hasta 2014.