Luis Rubiales, Gerard Piqué, la Real Federación de Fútbol de España y Kosmos Holding han sido los nombres más repetidos de los últimos días en el mundo del deporte y de los escándalos por corrupción. El motivo es ya bien sabido: la intermediación ejercida por el futbolista blaugrana a través de su empresa para conseguir que la Supercopa de España se celebre, durante los próximos seis años, en territorio saudí, haciéndose con un montante de 24 millones de euros en concepto de “comisión de éxito por las negociaciones”.
La participación de Piqué en este negocio ha sido descubierta gracias al filtrado de unos audios que ha publicado El Confidencial, en los que se puede escuchar al futbolista del Barcelona comentar la jugada con el presidente de la RFEF y en los que se aprecia lo que ambos tenían entre manos: embolsarse unos millones de euros adicionales en comisiones y lucrarse a costa de llevar la competición al país árabe, pese a la existencia de otras ofertas más solventes y menos problemáticas. ¿La diferencia? Arabia Saudí era la posibilidad que aseguraba la millonaria comisión a Piqué y su empresa, Rubiales y la RFEF.
Estos sucesos ya han sido, en primera instancia, motivo suficiente para encender la mecha de la indignación del mundo deportivo y para que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto una investigación contra los participantes. A todo ello hay que sumar la gota que ha colmado el vaso: el hecho de que el país con el que se ha negociado la celebración del torneo sea Arabia Saudí, un país con unas carencias democráticas casi sin igual y donde los derechos humanos se vulneran a diario, hechos que no han parecido importar ni a Piqué ni a Rubiales para trasladar allí la competición.
La situación de los derechos humanos en Arabia Saudí
Arabia Saudita es una monarquía absoluta regida por la familia Saud, una dinastía real encabezada desde 2015 por Salmán bin Abdulaziz. Las (casi) inagotables reservas de petróleo del país lo han convertido en una potencia regional y en el principal productor y exportador a nivel mundial de este preciado bien, llegando a registrar máximos de 82.000 millones de dólares de superávit anual (2010). Sin embargo, este floreciente desarrollo económico no ha ido de la mano del desarrollo del bienestar ciudadano y de los derechos y libertades de sus habitantes, sino que, por el contrario, se ha llevado a cabo una severa regresión en dichos ámbitos.
A lo largo de los años, La Asamblea General de las Naciones Unidas ha ido confeccionando pactos internacionales en los que los países firmantes se comprometen a garantizar el cumplimiento de los derechos recopilados en dichos tratados. De los ocho pactos principales elaborados desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, Arabia Saudí ha firmado solo dos de ellos: la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1990), objetando en este caso los anexos que hacen alusión a la participación de niños en conflictos armados y a la prostitución y pornografía infantil, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008).
Por otra parte, los tratados internacionales no ratificados ni firmados por Arabia Saudí han sido más numerosos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (2003) y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2010).
A su vez, firmaron y ratificaron la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969) y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1987), pero la legislación del país no ha garantizado en ningún momento el cumplimiento de estos acuerdos. En los últimos 30 años se han registrado cerca de 2500 ejecuciones por decapitación, se sigue utilizando el latigazo y el daño físico contra los detenidos y no se llevan a cabo juicios justos contra los acusados, y las personas migrantes son fuertemente reprimidas en la frontera. Un medio informativo afín al Estado anunció que Qiwa, plataforma gestionada por el Ministerio de Recursos Humanos, había establecido una cuota máxima para la contratación de personas de nacionalidad india, bangladeshí, yemení y etíope. Aunque la decisión recogía que la cuota solo era aplicable al personal de nueva contratación o al que cambiase su permiso de trabajo a una entidad nueva, Reuters y Human Rights Watch denunciaron que, en la práctica, las autoridades saudíes habían rescindido los contratos de decenas de yemeníes que ya trabajaban en instituciones del país o paralizado su renovación.
En cuanto a la situación de la mujer, su papel en la sociedad es residual: se refleja una patente discriminación en materia de matrimonio, divorcio, herencia, custodia de los hijos y acceso al mercado laboral, donde solo ocupan el 5% del mismo, el porcentaje más bajo de todo el mundo. La reforma en esta materia es una de las más demandadas por la comunidad internacional. Los derechos del colectivo LGBT+ no están reconocidos y la homosexualidad es un tema tabú en todo el país, en tanto que está sancionada con penas de prisión, castigo corporal o, incluso, pena de muerte, legal en el reino. La disidencia del régimen también es fuertemente reprimida y casos tan sonados como el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el encarcelamiento del bloguero Raif Badawi o los miles de ejemplos anónimos existentes lo corroboran.
Del mismo modo, las divisiones religiosas están claramente marcadas en Arabia Saudita, el país más restrictivo del mundo a este respecto. En 1988, el entonces principal líder religioso Abd al-Aziz ibn Baz erigió un pronunciamiento legal que clasificaba a los musulmanes chiíes como apóstatas. La corriente hegemónica en el territorio es el sunismo y, al margen del mundo islámico, las personas no musulmanas tienen prohibido practicar su religión, incluso, en la intimidad de su hogar. Un nuevo protocolo de investigación llevado a cabo en 2014 demostró que la situación no había mejorado y que la segregación continuaba siendo notoria.
¿La Supercopa tuvo que ser árabe a toda costa?
Conociendo los datos expuestos, podría parecer impensable que llevar a este país la Supercopa de España fuera una buena idea. Sin embargo, no se lo pareció así ni a Piqué ni a Rubiales, que primaron el beneficio económico e hicieron la vista gorda con la atmósfera de represión e injusticia. Además, la opción árabe no era la única disponible. Se podría haber estudiado cualquier otro mercado menos controvertido o, simplemente, disputar en España una competición española, manteniendo el respeto al aficionado y a la postura que puede esperarse de un organismo oficial en un país democrático.
La opción que brindaban las comisiones millonarias para Piqué y compañía ha acabado siendo la que más daño ha causado a la imagen del futbolista, a la de la RFEF, a la de España en la comunidad deportiva internacional y a los derechos humanos.
