Una funcionaria ha sido agredida en el Centro Penitenciario de Cáceres por un recluso, lo que ha desencadenado varios altercados, según han denunciado los sindicatos representativos, que han vuelto a incidir en la escalada de violencia en las cárceles por la falta de personal.

Según explican en sus comunicados los sindicatos UGT, Acaip-USO, CCOO y APFP, sobre las 9 de la mañana un preso, "con numerosos antecedentes" intentó agredir a varios fundionarios "con manotazos y patadas" y dio un fuerte empujón a una trabajadora, "que cayó hacia atrás y se golpeó con una puerta metálica, lo que le causó una herida". El incidente tuvo lugar cuando los funcionarios trasladaban al recluso fuera del denominado módulo de respeto, después de que golpeara el auricular del teléfono autorizado para los internos, mientras gritaba insultos y amenazas.

La funcionaria recibió siete puntos en la cabeza

La funcionaria tuvo que ser trasladada a los servicios médicos del Centro Penitenciario por una herida en el cuero cabelludo, donde recibió siete puntos de sutura, según el informe del facultativo.

Los sindicatos han denunciado "las pésimas condiciones laborales que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por la falta de recursos y de medios materiales". Estas organizaciones resaltan "el alarmante aumento de internos con un perfil de peligrosidad poco adecuado para el tratamiento que se desarrolla en este Centro Penitenciario y que venimos denunciando desde hace varios años".

En su comunidado, APFP acusa a los responsables de Prisiones de "no tomar medidas oportunas para evitar las agresiones", y pide que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias sean considerados agentes de la autoridad. "Instamos al Gobierno a que se agilicen los trámites una vez aprobada dicha propuesta en el Congreso de los Diputados, y que esté pendiente de su redacción y publicación".

Este colectivo mantuvo el pasado martes una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de un intenso calendario de movilizaciones por todo el país, para reivindicar la falta de unos 3.000 efectivos en las cárceles, la equiparación salarial y otras mejoras laborales.