Esta semana se conmemoró el 18º aniversario de la Ley 27/2007, una norma pionera que reconoció por vez primera en nuestro país la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. y, por ende, el derecho de las personas sordas a comunicarse sin barreras y a participar en igualdad de condiciones.
Su aprobación marcó un hito en el reconocimiento de los derechos lingüísticos y culturales de esta comunidad, que llevaba largo tiempo luchando por ello. “El 23 de octubre de 2007 cambió para siempre la historia de nuestra comunidad”, reconoce Roberto Suárez, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). "Ese día, el Estado reconoció que la lengua de signos forma parte del patrimonio común y que, comunicarnos en nuestra lengua, es un derecho fundamental”, enfatiza.
Esa legislación permitió fortalecer el marco legal a favor de la población sorda en España, pero "era necesario crear actos de aplicación específicos que asegurasen su cumplimiento”, recuerda Suárez, que subraya que eso "llegó con la aprobación del Real Decreto 674/2023, que desarrolla la ley y establece las condiciones básicas para garantizar el uso y disfrute de la lengua de signos en todo el Estado". De ese modo, se dio el paso decisivo para su promoción y protección.
Desigualdad entre comunidades y falta de financiación
No obstante, queda camino por recorrer, alertan desde la CNSE. “Ahora toca pasar de las palabras a la acción”, enfatiza su presidente, que recalca que, a pesar de los avances logrados, la aplicación plena y homogénea de la Ley 27/2007 sigue siendo un desafío.
Uno de los principales problemas a los que han de hacer frente las personas sordas tiene que ver con el territorio en el que residen, pues hay una importante desigualdad entre unas comunidades autónomas y otras en lo que respecta a la implantación de servicios y recursos. "Esto genera importantes inequidades en el acceso a la comunicación y a los servicios públicos", afirma Suárez, relatando que “hay personas sordas que, dependiendo del lugar donde vivan, no tienen garantizado su derecho a comunicarse en lengua de signos". "Esa desigualdad es inaceptable y debe ser corregida”, manifiesta.
A este problema se suma, alertan desde la Confederación Española de Personas Sordas, el de la falta de financiación estable, pues "muchos programas dependen de subvenciones temporales o insuficientes que dificultan su continuidad y eficacia". “El texto legal es claro, pero la realidad no lo es tanto”, confiesa el presidente de la CNSE.
Otro de los retos pendientes en este sentido, tiene que ver con la escasez de intérpretes, fruto de la carencia de profesionales cualificados y de la ausencia de planes formativos oficiales que garanticen su preparación. "Esto inevitablemente limita el acceso a la interpretación en ámbitos esenciales", apunta Suárez, al tiempo que sostiene que "también persisten carencias en el sistema educativo, donde aún existen obstáculos para garantizar una educación bilingüe de calidad en todas las etapas, con una presencia adecuada de profesorado sordo signante".
Por último, desde la CNSE señalan otro obstáculo importante, como es el de la falta de estrategias comunes entre ministerios, comunidades autónomas y entidades locales, lo que dificulta la implantación de políticas transversales y retrasa el cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos por la ley. Por ello, la entidad hace un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los recursos, garantizar la financiación, impulsar la formación y asegurar la accesibilidad comunicativa en todos los ámbitos.
“Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que hace 18 años: que todas las personas sordas podamos comunicarnos, decidir y vivir en libertad. Y eso requiere voluntad política, recursos estables y un compromiso institucional firme”, concluyen.
