Durante el 2020, los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación autorizaron la repatriación de 20 mujeres y 15 menores de edad víctimas de agresiones, según los datos facilitados por la institución, que cerró a finales de enero el recuento final.

La labor se intensificó notablemente en las últimas semanas, ya que el propio Gobierno cifraba el balance en 16 mujeres y 9 menores en una respuesta parlamentaria fechada a mediados de enero al senador socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia.

Cabe resaltar que 2020 fue el primer año en el que Exteriores comenzó a contabilizar las repatriaciones “con desglose concreto de los casos en que el motivo sea ser víctima de violencia contra la mujer”. No es factible proporcionar los datos correspondientes a años anteriores porque, según explican desde el Gobierno, no existe una ayuda consular específica para víctimas de violencia contra la mujer, sino una genérica de repatriación.

Además, las Oficinas Consulares pueden aprobar directamente la concesión de ayudas de repatriación inferiores a 200 euros y, hasta este año, no ha comenzado a figurar en estos expedientes que la asistencia fuera específicamente por violencia contra la mujer.

Miguel Ángel Heredia, en declaraciones a ElPlural.com, considera una muy buena noticia que se comience a registrar información específica sobre las repatriaciones por violencia machista. “Todos los datos desmienten a quienes defienden que no existe la violencia de género, desmienten a los que pretenden invisibilizar a las víctimas y a las terribles consecuencias en las que éstas desarrollan su vida”, señala.

Asimismo, Heredia recuerda que “el Gobierno de Mariano Rajoy eludió realizar la primera entrega de 100 millones a las comunidades en 2018 y que tampoco envió los 20 millones que correspondían a los ayuntamientos”. Por ello ensalza el compromiso del gobierno de coalición con esta lacra: “Ha movilizado más de 450 millones de euros en Prevención Integral de la Violencia de Género”.

En el protocolo elaborado entre los ministerios de Exteriores y de Sanidad para la atención a las españolas víctimas en el extranjero que data de 2015 se contempla, aparte de proteger y asistir a esas mujeres “de tal manera que no resulten discriminadas por su condición de extranjeras”, actuaciones como organizar o adelantar el coste de la repatriación de la mujer y sus hijos.

Además de la atención psicológica en castellano y a distancia, las actuaciones de repatriación se financian con cargo a la partida destinada a la protección de españolas en el extranjero y, desde hace tres meses, se incluye un convenio con la Fundación Abogacía Española para dar asesoramiento en la preparación del regreso y los primeros pasos de la vuelta.