El Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el popular Antonio González Terol, ha hecho llegar a sus vecinos una carta en la que viene a disculparse por cambiar de nombre la calle José Antonio por el de Juan Carlos I en aplicación de la ley de Memoria Histórica. Raimundo Herráiz Romero, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Urbanismo, Ingraestructuras y Patrimonio, que firma la misiva, asegura que se ven obligados a hacerlo tras la intervención del Defensor del Pueblo -"en funciones", matiza-, que había requerido al Ayuntamiento para proceder al cambio del callejero, tras la queja de un vecino.

"No compartimos el criterio de esa institución", se queja, pero no le queda otra que acatarlo porque, de lo contrario, podrían perder subvenciones o ayudas públicas. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento es uno de los afectados directos al estar ubicado en la hasta ahora calle de José Antonio.

Boadilla cambió en 2014 el nombre de Avenida del Generalísimo por el de Avenida de Adolfo Suárez, justo después de la muerte del primer presidente de la Democracia. El PSOE llevaba desde 2003 proponiendo el cambio del callejero y lo había denunciado ante la Fiscalía. Quedaba todavía por eliminar del callejero al fundador de la Falange. 

Los socialistas habían anunciado la semana pasada su intención de denunciar una vez más ante la Justicia al Consistorio por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al mantener denominaciones franquistas en el callejero. En una nota de prensa acusaban al grupo popular de seguir defendiendo la dictadura "al no quitar y mantener voluntariamente las calles que la recuerdan y ensalzan".

“Como creemos que esta situación no puede continuar así más tiempo, pedimos al Alcalde y Diputado Nacional que cumpla la Ley emanada de las Cortes Generales de las que  forma parte y elimine definitivamente estas calles que recuerdan 40 años de dictadura del Siglo XX, un periodo oscuro y antidemocrático de la historia de España”, afirmaron en nota de prensa.

El Ayuntamiento siempre ha defendido que "todo el callejero del municipio cumple estrictamente con la legalidad" y que "la permanente beligerancia con esta materia en nada favorece a los fines descritos de reconciliación en la mencionada ley de Memoria Histórica".