Si es verdad, yo no lo creo, que la justicia es igual para todos, después de que el próximo 6 de febrero se le tome declaración como imputado, deberían desfilar también por los pasillos del Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca los cooperadores necesarios, los cómplices, los encubridores, algunos de sus familiares más directos conocedores de sus supuestas fechorías, y cuantos políticos se plegaron a sus exigencias y le pusieron en sus manos dinero público cuyo destino era cuanto menos poco transparente. Porque la apariencia de legalidad de los contratos o convenios suscritos con la comunidades balear y valenciana es solo eso, apariencia para cubrir las formas a sabiendas de su manifiesta irregularidad, por no utilizar otro calificativo más acorde con la verdad.
Nada de lo que debería de suceder ocurrirá, el chivo expiatorio elegido para la ocasión cumplirá su papel, y hasta incluso es admisible que se dicte una sentencia ejemplarizante para demostrar que “el que la hace la paga”. Será una manera de seguir engañando a los ciudadanos, para que los intocables puedan mantener su impunidad. La decencia en este país se ha convertido en un bien escaso, y tendríamos que partir de cero para que la honradez adquiera la valoración que se merece, lo que es difícil ocurra a corto plazo.
Excederse, como así ocurrió muy recientemente en el Congreso de los Diputados, en proteger la figura del monarca, blindándolo ante cualquier ataque del exterior, es no querer ver la realidad. Don Juan Carlos debería de explicarnos los motivos por los que hace dos años aconsejó a Iñaki Urdangarín fijar su residencia en EEUU, de qué información disponía por entonces, y por qué la ocultó a sus súbditos, los ciudadanos que un día sí y otro también tenemos que comulgar con ruedas de molino.
Fernando de Silva es abogado y autor del blog SInLaVeniA
