Los ciudadanos, naturalmente, tienen derecho a participar en los asuntos públicos. Votan ustedes, los electos se pasan el voto por el forro de sus caprichos y ya está. Todos tienen el derecho a la educación, preferiblemente quienes tengan el poder adquisitivo necesario para acceder a ella. Éste es el sendero que señalan los populares como nueva oportunidad de negocio para algunos. Exceptuando la enseñanza básica obligatoria. Lo justito para ser el buen limpiabotas de cualquier caballero andante de caciquil figura.
El derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses terminará realizándose en ridículos huelgódromos donde desahogarse sin mayores consecuencias. El sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad es completamente injusto, ya que la golfería reinante no contribuye al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica.
El deber de trabajar y el derecho al trabajo o a la libre elección de profesión u oficio no funcionan. La “remuneración suficiente” es insuficiente, las ayudas disminuyen o no se cobra un céntimo. La protección social y económica produce sonrisas o lágrimas. Según se mire. Y se apoya en la beneficiencia. La salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores tiene anemia perniciosa y subidas de precios, impuestos y tasas.
La protección de la salud se efectúa a base de recortes, copago y con interminables listas de espera… Ahora bien, la libertad de expresión es una realidad mientras no nos tapen la boca. Eso sí, la producción artística está diezmada y a las órdenes del poder de don dinero fundamentalmente, así como la información veraz en ciertos medios de difusión está manipulada y al servicio de los intereses dominantes.
Qué fácil es apuntar al anterior inquilino de La Moncloa como si fuera el ser diabólico de todos los problemas. Hubo un descosido que podía haberse gestionado mejor, sí, aunque no en la línea de lo que algunos anhelaban. El roto aumenta y es más insostenible cada día. Los que iban a pararlo han perdido el crédito totalmente. Siempre hablan más de la cuenta… Ya saben. Por la boca muere el pez.
Menos mal que tenemos una nueva Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en pro del orden constitucional y con sus armas para defender a los pobladores que lo necesiten. Y gratuitamente. De momento. La ética y la moral son los principios de nuestra protectora ciudadana. La alta comisionada de las Cortes Generales supervisa, del mismo modo que se ha hecho desde hace más de veinte años, todas las Administraciones y los servicios públicos.
Qué bien. Nos recuerda que la libertad es inalienable y que vivimos en un régimen democrático. UGT y CCOO solicitan que impulse un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral ante el TC. Puede interponer recursos, sugerir y recomendar la adopción de medidas para paliar o corregir situaciones irregulares. De todas maneras no existen grandes motivos de enfado.
El buen funcionamiento político, económico, social y judicial no puede empujar a nadie a la indignación. Sólo corresponde desear que nuestros representantes en las Olimpiadas de Londres obtengan muchas medallas. En todo caso, si ustedes desean contactar con la flamante Defensora del Pueblo es fácil. Envíen un formulario online y ya se ocupará de remitirlo a la papelera de reciclaje tras echar una ojeada y responder al remitente por decir algo y para que no se diga que esa noble institución es un derroche más y pura y simple quimera.
Ya ve usted, don Gregorio, el estado de las cosas y el papel más mojado cada día de nuestra Constitución. Dé clases en el cielo sobre pensamiento político y social, a ver si por allí toman buena nota, y hasta siempre, profe. ¡Ah! Dice el clan que nos desgobierna que la recuperación está garantizada. No la de la ciudadanía, claro.
Marc Llorente es periodista y crítico de espectáculos
