Los populares exigen a la Agencia Tributaria “la apertura de un expediente sancionador” contra estas asociaciones por no pagar IVA ni Impuesto de Sociedades y reclaman, “en su caso”, la “sanción accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener ayudas y subvenciones públicas” para las tres denunciadas y “la remisión a los tribunales de Justicia”.

La próxima denuncia que está estudiando el Comité Jurídico del PP está relacionada con la venta en mercadillos de barrio de artículos pirateados con marcas de reconocido prestigio. Es inadmisible -habría declarado Salvador Victoria- que los polos Lacoste, los bolsos Vuitton, las corbatas Hermès, los relojes Rolex o las gafas Ferrari estén siendo vendidas a personas sin el debido y obligado pedigrí para lucirlas, porque, aún considerando que no sean los productos originales -habría seguido exponiendo el dirigente popular-, estas marcas están diseñadas para el uso exclusivo de una determinada clase social -la que nosotros representamos- y no es de recibo que cualquier gentuza pueda disfrutar de ellas.

Es cierto que algunos de nuestros simpatizantes -habría apostillado Salvador Victoria- se desplazan desde sus sitios de origen -como el barrio de Salamanca de Madrid- y acuden a estos mercados -el de Majadahonda, por ejemplo- para comprar estos artículos, pero lo hacen de forma obligada y provisional en tanto que cedan los efectos que la crisis de Zapatero haya podido afectar a alguno de los nuestros pero que, en todo caso, esta circunstancia no perjudicaría a las marcas prestigiosas pirateadas porque ¿quién va a sospechar que un Rolex en la muñeca de uno de nosotros pueda ser un reloj pirateado o que un Lacoste cubriendo el torso de alguien que sale santiguándose de un portal de la calle Serrano de Madrid no sea el auténtico polo francés del cocodrilo?

En estos casos de pirateo de artículos de exclusivo lujo no solamente se está estudiando poner la correspondiente reclamación ante la Agencia Tributaria -como con las camisetas verdes que portan los impresentables profesores madrileños- sino que también se acudiría directamente a los Tribunales de Justicia para interponer una denuncia por vulneración del honor porque, como se habría preguntado el presidente del Comité Jurídico del PP, ¿no es, acaso, una injuria que lesiona nuestra dignidad, menoscaba nuestra fama o atenta contra nuestra propia estimación, el hecho de que gente sin mérito alguno que lo justifique puedan portar artículos que sólo a personas de nuestro rancio abolengo corresponde lucir?

Y, esto no ha hecho más que empezar -terminaría sus declaraciones el experto jurídico del PP- a partir del 20-N no vamos a permitir ni una y quién quiera entender que entienda. ¡Le conviene!

Gerardo Rivas Rico es licenciado en Ciencias Económicas