El Tribunal Supremo pedirá a Vox una fianza de 12.000 euros para estudiar la querella que ha presentado contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por una supuesta “prevaricación y denegación de auxilio” al juez Pablo Llarena, según este partido.
Según adelanta OkDiario, la solicitud de la fianza, un trámite ordinario en estos casos, se acaba de emitir por el Supremo y los servicios jurídicos de Vox están a la espera de recibirla para iniciar una campaña de recaudación de fondos.
Vox recurre al crowdfunding
El sistema que usará la formación ultra es el crowdfunding, el mismo sistema que utilizó para recolectar otros 12.000 euros exigidos para el ejercicio de la acusación particular en la querella contra la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que ya está siendo estudiada por la Fiscalía.
La formación que lidera Santiago Abascal presentó en agosto una querella contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al entender que se “negó a defender al juez Pablo Llarena” tras la demanda interpuesta contra él, ante la justicia belga, por Carles Puigdemont y otros imputados por el referéndum del 1-O.
En su querella, Vox argumenta que el Gobierno debe asumir la defensa del juez Llarena a través de los Servicios Jurídicos del Estado, argumentando que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia suscribieron un convenio de colaboración que establece que “los abogados del Estado podrán asumir la representación y defensa en juicio de las autoridades, funcionarios y empleados del Estado, sus organismos públicos y órganos constitucionales, cuando los procedimientos se sigan por actos u omisiones relacionados con el cargo”.
La postura del Gobierno
El gobierno anunció en agosto que estudiaría contratar un bufete privado en Bélgica que defienda la "competencia exclusiva y excluyente de la jurisdicción española" en la causa del 'procés' frente a la demanda civil presentada contra Llarena por Puigdemont. Sin embargo aclaró que "en ningún caso" la Justicia asumirá la defensa del magistrado del Tribunal Supremo "por los actos privados que se le atribuyen".
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, explicó que al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena debe ampararle el poder judicial y no el Ejecutivo.
