Pese al revuelo político de los últimos días e incluso meses, la investidura de Alberto Núñez Feijóo no ha paralizado la actividad parlamentaria. En medio del debate y las votaciones, los grupos parlamentarios han proseguido o iniciado sus primeras andanzas en esta nueva legislatura, pese a que esta todavía se encuentra en el aire, algunos con bastante acierto.

Y es que la Mesa del Congreso en su reunión de esta semana ha aceptado a trámite tres proposiciones -dos de ley y una de reforma- de las que han presentado en esta quincena de septiembre. En concreto se trata de las propuestas de Vox, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Sumar que van desde la reforma del reglamento para, entre otras cosas, blindar el español, ampliar el derecho a decidir de los deportistas o proteger la libertad expresión, respectivamente.

En medio de una investidura, tres propuestas

Este martes la Mesa de la Cámara Baja en su reunión semanal daba luz verde a tres de las proposiciones que han presentado los grupos parlamentarios. Concretamente una de ERC, una de Sumar y otra de Vox con objetivos bastante variopintos. Mientras en el primer caso los catalanes señalan directamente a la ley del deporte, los ultras apuntan a las reglas que rigen la actividad parlamentaria y los de Yolanda Díaz piden proteger por norma la libertad de expresión. 

Así, tal y como ha dado a conocer el propio Congreso, el órgano de dirección ha admitido a trámite la 'Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas' del Grupo Parlamentario Republicano, la 'Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal para la protección de la libertad de expresión' del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y una 'Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982' de Vox.

Con todo, este trío de peticiones no son las primeras. El primer partido en anunciar el registro de medidas en esta nueva legislatura ha sido el PNV, -muy crítico con Feijóo- que ha tirado de clásicos solicitando la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una demanda que se remonta a años y que quedó pendiente en este pasado Gobierno, a la que ha sumado otras. En total cinco proposiciones de ley, entre las que destaca la regulación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o la limitación de la inviolabilidad del rey en sus actos institucionales.

Reforma del Reglamento y blindaje del español

Una de las más llamativas que avanza es la del Grupo Parlamentario Vox, que presentaba el pasado 18 de septiembre una proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados "con el fin de actualizarlo, evitar que se cometan determinadas prácticas, como los falsos juramentos de la Constitución y blindar el uso del español como única lengua en la Cámara Baja", según fuentes de la propia formación de ultraderecha. Se trata de una iniciativa que los de Santiago Abascal presentaron justo antes de la aprobación de las polémicas lenguas cooficiales.

Así, los de extrema derecha han registrado un texto de 25 páginas en las que, a su juicio, se "diseña las que han de ser las nuevas reglas del Congreso", y en la que apuestan por la defensa el español, piden una regulación de los juramentos al acatar la Constitución o manifiestan la "exigencia" de que no se pueda prestar diputados para constituir grupos parlamentarios propios, lo que tildan de "fraude de ley" a cuenta de la cesión de escaños por parte del PSOE y Sumar a ERC y Junts.

Asimismo, también consideran "fundamental" el control parlamentario al Gobierno, por lo que insisten en obligar la "presencia" de todos los miembros del Ejecutivo en las cortes para que no puedan ausentarse -dicen- "de manera sistemática del debate y votación" en el Pleno. Sin embargo, al mismo tiempo añaden una petición para ampliar los supuestos de uso del voto telemático. Además, con esta propuesta buscan limitar que se pueda "tramitar como proposiciones de ley iniciativas que son, materialmente, proyectos de ley".

Ampliar el derecho a decidir de los deportistas

Junto a la de los ultras, ERC también ha visto el progreso de su propuesta del 22 de septiembre para cambiar la ley de deporte en pro de ampliar el derecho a decidir de los deportistas. En concreto, se trata de una medida en la que piden introducir una modificación a la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte con el objetivo de garantizar a los atletas el derecho a decidir si quiere participar en convocatorias de selecciones nacionales, especialmente tras el caso de Luis Rubiales y las profesionales de la Selección Femenina de Fútbol.

Así, para los nacionalistas catalanes el núcleo de la propuesta es la autonomía del deportista ya que acudir a los equipos nacionales suele ser una obligación ineludible para los llamados. "Pedimos que la presencia de cualquier jugadora o jugador deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho; y establecer la capacidad de elección libre de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria", afirman desde ERC.

Para ello, el grupo parlamentario propone modificar los artículos 22, 23, 51 y 104 de la ley con el objetivo de profundizar en las condiciones de la convocatoria, los derechos y responsabilidades de los deportistas para poder decidir, así como las posibles consecuencias que rechazar su presencia pueda tener para los profesionales de estos equipos. Junto a esto, la finalidad es construir un consenso social para proteger a los deportistas, así como una muestra de apoyo en este tipo de luchas.

Proteger la libertad expresión

En cuanto a la de Sumar, los de Yolanda Díaz han planteado la supresión del Código Penal de los llamados delitos de opinión para proteger la libertad de expresión y recuperar libertades públicas. De esta forma, los fucsias -aunque el encargado de registrar la proposición de ley ha sido el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y diputado del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago- ponen el foco en los supuestos agravios a la Casa Real, al gobierno o la religión.

En concreto, plantean eliminar seis puntos del Código Penal: los delitos de calumnias e injurias contra la Corona y la Familia Real; las calumnias o amenazas graves contra el Gobierno de España, el Ejército, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y los máximos órganos de la Justicia; ofensas a los sentimientos religiosos, a España, a las comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas, y el enaltecimiento o justificación de terrorismo u organizaciones criminales.

En la exposición de motivos, el grupo indica que "la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano en la práctica totalidad de los países democráticos, por ser un elemento nuclear para el pleno desarrollo de la personalidad y para la existencia de una convivencia plural y libre". "Este derecho debe ser reconocido en igualdad de condiciones para el conjunto de una sociedad", afirman. Santiago ha explicado que con esta reforma quieren acabar con las condenas a cantantes, artistas y cómicos de los últimos años.