"El ministro de Justicia, Rafael Catalá, repite invariablemente su voluntad de alcanzar acuerdos con las asociaciones judiciales, pero la realidad es que solo se nos convoca para informarnos de lo que ya está decidido, sin que en ningún momento se tengan en cuenta las aportaciones que podamos realizar", han manifestado las tres asociaciones mediante un comunicado.
Plantean una mesa negociadora
En su escrito reiteran que "desde el Ministerio de Justicia se ha ignorado reiteradamente nuestra petición de que se convoquen reuniones de forma conjunta y con un orden del día consensuado, en forma de mesa negociadora, que incluya una valoración de nuestras reivindicaciones profesionales y de la situación de la administración de justicia".
Consenso irreal
Frente a esta petición "se nos cita continuamente a reuniones en las que únicamente se nos cuenta lo que ya es de dominio público y, a continuación, el ministro intenta utilizar nuestra presencia para exhibir públicamente un supuesto talante de consenso que no se corresponde con los hechos reales. Y estas prácticas empiezan a acentuarse en periodo preelectoral".
No existe voluntad ministerial
"La realidad es que no existe una verdadera voluntad ministerial de realizar un trabajo común para dar soluciones a los graves problemas de nuestro sistema judicial", denuncian. Y hacen hincapié en que las carencias de juzgados y tribunales siguen siendo importantísimas.
Juzgados desbordados
Enumeran los jueces: "Nuestros órganos judiciales están desbordados: cerca de la mitad trabajan por encima del 150% de las previsiones institucionales y muchos de ellos se encuentran por encima del 200%, sin que se fije una carga máxima de trabajo. Centenares de integrantes de las últimas promociones de la Escuela Judicial se han visto en situación de expectativa de destino, con una inaceptable situación de precariedad, sin un órgano judicial estable en el que ejercer sus funciones".
A la cola de Europa
"Y continuamos a la cola de la Unión Europea en el número de jueces por habitante. Hay muchos edificios judiciales que no reúnen las condiciones más básicas de salubridad, y las carencias de medios personales y materiales siguen siendo muy preocupantes. Todo ello provoca perjuicios importantes a la ciudadanía y afecta al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva", exponen en su crítica.
Inexistente diálogo
Consideran los jueces que hay muchas cuestiones sobre las que se podía haber realizado un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones profesionales, "si hubiera existido voluntad política de buscar soluciones adecuadas. A pesar de ello, las convocatorias a reuniones solo han tenido como objetivo cubrir las apariencias y simular un diálogo que no existe".
Dispuestos a colaborar
"No puede sorprender que esta forma de gestión no haya producido avances significativos en beneficio del servicio público que se presta a la sociedad, ni tampoco en la situación de nuestros órganos judiciales. A pesar de ello, seguimos dispuestos a colaborar en el futuro con los responsables de Justicia, siempre y cuando no se nos pretenda instrumentalizar y se produzca una rectificación de sus actuaciones", concluyen.
