El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha subcontratado a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para ayudar a tramitar las decenas de miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que están recibiendo. La Asociación Víctimas del Paro, entre otras, ha denunciado las trabas burocráticas para recibir el subsidio. Gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso están dificultando la aplicación práctica y efectiva de la medida adoptada por el Gobierno de coalición. Y para colmo, según ha podido confirmar ElPlura.com, responsables de Tragsatec han dado órdenes a sus trabajadores para que clasifiquen como “Requeridos” y no “Conformes” a los solicitantes aunque éstos cumplan con todas las condiciones y tengan los papeles en regla, en tiempo y forma.

La función de Tragsatec se limita a recabar toda la documentación pertinente de cada expediente y realizar una sugerencia, pero la decisión final siempre está en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Según ha explicado un extrabajador a este periódico, un alto cargo envió un correo electrónico a todo el equipo informando de que debían “poner en Requeridos los expedientes”. De esta manera, “la solicitud queda en un limbo”, pues se meten en el mismo saco a personas que cumplen todos los requisitos y han entregado todos los documentos y a quienes no lo han hecho y se les envía una carta pidiéndoselos.

ElPlural.com ha corroborado la existencia de ese email. En él, la responsable del equipo explica a los trabajadores que su función es completar una base de datos en formato Excel en el cual deben clasificar las solicitudes en “Iniciado”, “Requerido” y “Parado” para que el INSS tomara la decisión final. Este cargo insiste en que “nosotras no vamos a poner otros estados” que no sean los anteriormente citados. Pero lo llamativo figura en el matiz del apartado “Requerido”, que reza lo siguiente”: “Tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y no falta nada”.

“Nos obligaron a clasificar como requeridos expedientes que estaban conformes y no les faltaba nada. Desde luego que nosotros no estábamos validando expedientes y sabíamos que después vendrían a revisarlos o funcionarios u otras personas, pero la clasificación que nos impusieron es un acto administrativo ilegal, pues no era correcta ni acorde a las posibilidades de la aplicación del INSS que teníamos que rellanar”, insiste.

Uno de los empleados, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, asegura que conoce el caso de una compañera a la que despidieron unos días después de negarse a clasificar como “Requerido” una solicitud que cumplía con todos los requisitos y tenía toda la documentación.

Además, algunos trabajadores han observado que expedientes que ya habían clasificado fueron modificados a la postre y desconocen la identidad de quien realizó los cambios.

Irregularidades desde el principio

Tragsatec contrató a varias personas en régimen de teletrabajo. “Entré a trabajar como tramitadora del IMV. Apenas nos dieron formación. Eran unos vídeos de reuniones de nuestros jefes de equipo con otras personas que nos daban pautas, pero todo de forma informal y sin ser algo elaborado didácticamente. Tampoco tenemos más acceso a esos vídeos y nos surgieron muchas dudas sobre cómo tramitar”, explica una empleada; quien precisa que tan solo recibió un equipo de dos pantallas en su casa y las dudas las fueron solventando entre compañeros.

Asegura que trasladaban estas dudas a sus superiores y, en varias ocasiones, se lavaban las manos: “Nos dice que son dudas existenciales y que no las quiere oír”. Además, añade que en los manuales iniciales no están contemplados todos los casos ni mucho menos, pues hay numerosas particularidades.

“Nos dan cuatro versiones de un manual, no podemos imprimir pues no nos han dado ni papel. Ni un bolígrafo si quiera. Nada de material de oficina. Y cuando empezamos a tramitar expedientes nos insistieron mucho en que produzcamos cartas de requerimientos. Hay muchas trabas y pocos expedientes se pueden clasificar como Conformes”, cuenta la extrabajadora.

“La clave del fraude es que obliguen a clasificar erróneamente los expedientes de cara al INSS, que solo Tragsa internamente sepa de esto y el clima de miedo que generan en la plantilla”, sentencia.

Desde Tragsa han justificado a ElPlural.com que “cuando un tramitador finaliza su estudio, dispone de la documentación necesaria o, en su ausencia, se la ha solicitado al ciudadano; traslada este expediente a su jefe de equipo con la asignación de “Requerido”, indicando que está listo para su revisión posterior y control de calidad. Esto quiere decir, que bajo la categoría de “requerido”, se encuentran tanto los expedientes que cuentan con toda la documentación correcta como aquellos que están pendientes de subsanar algún error”.

“Se trata de una nomenclatura, un código interno utilizado para dar traslado del expediente a la siguiente fase del proceso y que, bajo ningún concepto, paraliza o ralentiza el proceso”, persisten.

Por último, recuerdan que “el acto de tramitar el expediente (aprobando o denegando la solicitud tras el análisis de los requisitos y realizando los trámites  administrativos pertinentes) está siempre en manos de los funcionarios del INSS”.