La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por parte del Gobierno de coalición supone un balón de oxígeno para muchas familias. Una prestación que busca asegurar unos ingresos mínimos en los hogares y cuya horquilla oscila entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo del tipo de familia. El pasado 26 de junio comenzaron a recibir la ayuda más de 74.000 hogares que la perciben de oficio. Sin embargo, las trabas burocráticas, la falta de personal y las irregularidades en su tramitación han frenado en seco la iniciativa hasta el punto de que la Asociación Víctimas del Paro baraja pedir la dimisión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Desde hace varios meses, Víctimas del Paro está realizando un seguimiento de las concesiones y el estado de las solicitudes, dado que les han llegado numerosas denuncias. El Portal de Transparencia les ha facilitado datos sobre el número de solicitudes registradas con fecha posterior a 15 de junio han sido aprobadas. La cifra, según datos oficiales, es de apenas 3.966. Teniendo en cuenta que el Gobierno pretende que el número de beneficiados alcance las 2,3 millones de personas (uno 850.000 hogares), es un dato bastante escueto y alarmante.

“Nos parece una cifra demasiado corta”, lamenta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, en declaraciones a ElPlural.com. Máxime teniendo en cuenta que “en julio había, según el ministro, 600.000 solicitudes). Y es que, se habría aceptado tan solo un 0,66% de las solicitudes.

En consecuencia, Víctimas del Paro ha lanzado una encuesta entre sus socios para dilucidar si solicitan la dimisión de Iglesias y/o Escrivá. Eso sí, matizan que “queremos dejar muy claro que aunque se pida alguna dimisión eso no significa que queramos acabar con el Gobierno o que se convoquen elecciones, solo queremos que en esos cargos haya personas que no engañen y no decepcionen a las personas más desfavorecidas”.

Irregularidades en la tramitación

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha subcontratado a Tragsatec, filial de la empresa pública Tragsa, para ayudar a tramitar las decenas de miles de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que están recibiendo. La Asociación Víctimas del Paro, entre otras, ha denunciado las trabas burocráticas para recibir el subsidio. Gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso están dificultando la aplicación práctica y efectiva de la medida adoptada por el Gobierno de coalición. Y para colmo, según pudo confirmar ElPlural.com, responsables de Tragsatec han dado órdenes a sus trabajadores para que clasifiquen como “Requeridos” y no “Conformes” a los solicitantes aunque éstos cumplan con todas las condiciones y tengan los papeles en regla, en tiempo y forma.

La función de Tragsatec se limita a recabar toda la documentación pertinente de cada expediente y realizar una sugerencia, pero la decisión final siempre está en manos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Según ha explicado un extrabajador a este periódico, un alto cargo envió un correo electrónico a todo el equipo informando de que debían “poner en Requeridos los expedientes”. De esta manera, “la solicitud queda en un limbo”, pues se meten en el mismo saco a personas que cumplen todos los requisitos y han entregado todos los documentos y a quienes no lo han hecho y se les envía una carta pidiéndoselos.

ElPlural.com ha corroborado la existencia de ese email. En él, la responsable del equipo explica a los trabajadores que su función es completar una base de datos en formato Excel en el cual deben clasificar las solicitudes en “Iniciado”, “Requerido” y “Parado” para que el INSS tomara la decisión final. Este cargo insiste en que “nosotras no vamos a poner otros estados” que no sean los anteriormente citados. Pero lo llamativo figura en el matiz del apartado “Requerido”, que reza lo siguiente”: “Tanto si hacemos la carta de requerimiento como si hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y no falta nada”.

“Nos obligaron a clasificar como requeridos expedientes que estaban conformes y no les faltaba nada. Desde luego que nosotros no estábamos validando expedientes y sabíamos que después vendrían a revisarlos o funcionarios u otras personas, pero la clasificación que nos impusieron es un acto administrativo ilegal, pues no era correcta ni acorde a las posibilidades de la aplicación del INSS que teníamos que rellanar”, insiste.

Uno de los empleados, que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, asegura que conoce el caso de una compañera a la que despidieron unos días después de negarse a clasificar como “Requerido” una solicitud que cumplía con todos los requisitos y tenía toda la documentación.

Además, algunos trabajadores han observado que expedientes que ya habían clasificado fueron modificados a la postre y desconocen la identidad de quien realizó los cambios.