Una de las medidas estrella del Gobierno, propuesta histórica de Podemos y actuación de choque contra los efectos económicos de la pandemia de coronavirus. El Ingreso Mínimo Vital (IMV) fue aprobado de urgencia a finales de mayo como una solución para paliar la pobreza extrema en España, uno de los países con más pobreza de Europa (21,5% de la población según el INE) y donde la pandemia solo recrudece los efectos de la crisis de hace una década en los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Sin embargo, el IMV parece estar implantándose con lentitud. Después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, calificase la prestación de "caótica" y asegurase que “no lo va a cobrar nadie”, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha apresurado a emitir un comunicado en el que ofrece los datos de las solicitudes recibidas y gestionadas.
Aprobadas un 10% de las peticiones
El departamento dirigido por José Luis Escrivá ha recibido 750.000 solicitudes para recibir este tipo de renta, aunque apenas ha tramitado 143.000 o, lo que es lo mismo, una de cada cinco peticiones.
Una cifra ridícula para una medida de urgencia que revela la avalancha de solicitantes y los escasos medios con los que cuenta el organismo público. También revela la extendida confusión entre los solicitantes, ya que unas 56.000 peticiones (7,5%) se han enviado por duplicado.
De los 143.000 expedientes tramitados, la Seguridad Social ha dado su visto buenos a unos 80.000, un 56% de las solicitudes analizadas y un 10% del total de solicitudes recibidas. Se han denegado cerca de 36.800 solicitudes, en torno a 20.000 por superar los criterios de renta o patrimonio que establece la ayuda: Ingresos máximos de 462 euros mensuales para una persona adulta que viva sola o 139 euros más por cada persona con la que se conviva, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Otras 25.800 de las solicitudes analizadas permanecen a la espera de que los interesados aporten alguna documentación no presentada.
Sin embargo, hay que apuntar que la Seguridad Social ya aprobó de oficio 74.119 prestaciones en el mes de junio, por los que, desde entonces, a penas se habría dado el visto bueno a unas 6.000 solicitudes, lo que muestra la extrema lentitud del proceso en un momento de máxima emergencia para las familias con menos recursos.
Presionados por las críticas
La publicación de estos datos llega después de que la Asociación de Víctimas del Paro y varios sindicatos denunciasen la tardanza en la aprobación de las ayudas. Desde UGT, Pepe Álvarez aseguró ayer que el Gobierno presentó un mecanismo de solicitud del IMV con "demasiados requisitos" y pidió un "sistema más automático" para simplificar el proceso y que la concesión llegue "de manera inmediata" a las familias que más la necesitan. Por su parte, el presidente de la asociación, Joaquín García, ha calificado el porcentaje de solicitudes aprobadas del IMV "es ridículo" y ha sugerido que "da que pensar que se están parando los trámites por motivos presupuestarios, por falta de dinero en caja y quizá también por problemas de personal".
El Gobierno estimó que la prestación pudiese llegar a unas 850.000 familias, alrededor de 2,3 millones de personas en total. Esas familias se sitúan dentro del 17% más pobre de la población, con una renta media por debajo de los 310 euros al mes y, en la mitad de ellas, hay menores a cargo.
El Gobierno promete mejoras
La Seguridad Social ha planteado varias iniciativas para mejorar el proceso de tramitación: Un protocolo de intercambio de información con las Comunidades Autónomas, el cruce masivo de datos con la Agencia Tributaria o acuerdos con cerca de 150 ayuntamientos para que estos aporten directamente la información referida al padrón.
El comunicado también recuerda que quienes formulen la petición antes del 15 de septiembre tendrán derecho al cobro con efectos retroactivos desde el 1 de junio. Sobre la evaluación de la puesta en marcha de esta política pública, aseguran que "el Instituto Nacional de Seguridad Social realizará un balance exhaustivo de la evolución de estos meses de puesta en marcha a finales de septiembre, que es la fecha que se dio inicialmente el Ministerio para elaborar una evaluación del proceso inicial de tramitación".
