La Policía Judicial, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, lanzó un SOS sobre el marido de la alcaldesa de Marbella, el empresario Lars Gunnar Sune Broberg, encausado por presuntos cargos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y narcotráfico.

En el informe, al que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, la Policía sostiene que el marido de la alcaldesa de Marbella -Ángeles 'Titi' Muñoz-, estaría recibiendo chivatazos de la Policía o del ámbito judicial, y que sería conocedor de secretos a través de estas fuentes.  

La ficha policial de Broberg adjunta al sumario presenta, además de un desglose de sus cargos sociales y su patrimonio, un apartado en el que se desgrana su participación en actividades delictivas. Uno de los puntos de dicho apartado reza lo siguiente:

“Altos contactos en la esfera judicial/policial y revelación de secretos. En una de las conversaciones Lars avisa a su hijo de que los teléfonos que usa están intervenidos y de que está siendo escuchado por la policía, lo que da una idea del alto nivel de contactos que Lars podría tener en el ámbito judicial o policial para tener conocimiento de tales hechos”.

De acuerdo con el informe policial al que ha tenido acceso este medio de comunicación, Lars Gunnar Sune Broberg tendría contactos en el seno de la Policía o en el ámbito judicial, que le revelarían secretos y le facilitarían sus movimientos ilegales. A su vez, según informó ElDiario.es en su momento y tal como corrobora el propio informe, Broberg tendría conocimiento de que había una investigación secreta en curso y de que el teléfono de su hijo estaba ‘pinchado’ por la Policía.

Trabas judiciales por doquier

A su vez, el pasado mes de noviembre, este periódico ya informó acerca de las trabas impuestas por la justicia a la investigación que incriminaba a Broberg y a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz Uriol, haciendo un repaso cronológico a los procesos judiciales.

De dicho repaso, se desprende que el juez García Castellón, titular del Juzgado encargado de procesar este caso (JCI nº6 de la Audiencia Nacional) y la fiscal antidroga no tienen la más mínima intención de investigar, tal como le propuso la UDEF, los delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias que podrían haber cometido tanto autoridades políticas ligadas al Partido Popular como funcionarios públicos dependientes de los anteriores.

Esta no es la primera ocasión en la que García Castellón mantiene, con el PP y sus decenas de cargos públicos investigados en su juzgado (Púnica, Lezo o Kitchen), una actitud amable judicialmente hablando, que se ha traducido en decenas de sobreseimientos, tal como publicó este medio recientemente.

Cabe destacar también que a García Castellón le restan únicamente dos años de servicio, y no parece estar dispuesto a complicarle la vida a la actual dirección del PP Nacional y regional de Andalucía ni de agitar el avispero de las ramificaciones corruptas de la trama marbellí.