Diecinueve de los veintiún ex altos cargos de la Junta de Andalucía enjuiciados en la conocida como 'pieza política' de la causa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados entre los años 2000 y 2011 han resultado condenados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, mientras que sólo dos, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, han sido absueltos de todos los delitos que le imputaba la Fiscalía Anticorrupción.
Así lo recoge la sentencia que dio a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Un desenlace devastador para el PSOE
El fallo, que asume prácticamente en su integridad las tesis de la Fiscalía y de la juez instructora Mercedes Alaya, ha llegado después de 152 sesiones de un juicio que se ha desarrollado durante un año, aunque el caso lleva una década en los tribunales. En esas sesiones han declarado 120 testigos.
El desenlace no sólo es trágico en lo personal para los 19 ex altos cargos que han sido condenados, sino que resulta devastador en lo político para el Partido Socialista de Andalucía, cuya gestión de casi cuatro décadas queda en entredicho.
104 intrusos de 6.000 trabajadores
En cuanto al dinero defraudado, según la Justicia, 680 millones de euros no pasaron los controles oportunos. Hasta junio de 2018, la Junta de Andalucía solo había logrado recuperar 6,7 millones.
En el fallo de la Audiencia de Sevilla queda detallado por años el dinero público que la Junta de Andalucía autorizó durante la vigencia del sistema. También se sabe que de esos 680 millones totales, 606,2 millones fueron destinados a ayudas sociolaborales y 73,8 millones a ayudas directas a empresas en crisis.
Del reparto de esas ayudas, se beneficiaron hasta un total de 6.000 trabajadores. En su práctica totalidad, todos ellos lo hicieron de forma legítima. Y es que solo algo más de un centenar fueron intrusos (personas ajenas a las empresas en crisis que habían recibido ayudas).
Se calcula que el 80 por ciento del dinero fue a parar a tabajadores de empresas en crisis que efectivamente cumplían los requisitos para recibir las ayudas. El resto del dinero fue a parar a sobrecomisiones o ayudas directas a empresas e instituciones.
A este respecto, conviene recordar que el grueso de los beneficiarios fueron, como se sabe, mineros de la faja pirítica de Huelva, operarios de Delphi en Cádiz u obreros de Santana Motor en Jaén.
El enigma de los 6.000
Tal y como ha expuesto ElPlural.com, el mayor enigma de este juicio para las personas legas en derecho, pero también para no pocos de los acusados, es este: ¿Por qué la misma justicia que sostiene que se defraudaron 680 millones de euros no exige su devolución a los algo más de 6.000 prejubilados que cobraron o siguen cobrando ayudas, dado que estas habrían sido otorgadas ilegalmente?
Aunque la ciencia jurídica tenga respuesta a ello, al sentido común le cuesta entender por qué esas 6.000 personas no han sido incluidas en la causa como partícipes a título lucrativo, que el artículo 122 del Código Penal identifica como aquellos que “hubieren participado de los efectos” aunque no en la actividad delictiva y que, por tanto, están “obligados a la restitución del beneficio obtenido”.
Este miércoles, tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como el vicepresidente, Juan Marín, han aunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando acudir a la vía civil para intentar recuperar el dinero defraudado.
Lo que no han aclarado es si el Gobierno andaluz reclamará el dinero a esos 6.000 trabajadores dirigiendo contra ellos el procedimiento civil en tanto que partícipes a título lucrativo. Es poco probable que así sea.
