La tramitación de la ley de amnistía se reactiva. La Mesa del Congreso ha fijado el 21 de febrero como fecha límite para que la comisión de justicia emita un nuevo dictamen sobre el proyecto de la medida de gracia. Dos semanas de plazo, por tanto, para que el PSOE traslade a Junts una vía alternativa para desatornillarlos del voto negativo a su propio texto. Ambas fuerzas fijan posiciones ante el calor del foco mediático, mientras dan la orden de encapsular las conversaciones para evitar cualquier filtración que las ponga en peligro. Los contactos existen, pero socialistas y neoconvergentes custodian con mimo la negociación, que se adentra en una “fase de discreción”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió este lunes que la redacción del proyecto de ley es impecable y plenamente “constitucional”, a la par que “valiente” y “reparador”. Portazo contundente a las pretensiones de Junts, que plantean modificaciones en el texto. Ni Moncloa ni Ferraz están por la labor de reorientar el articulado, pero mantienen la mano tendida para encontrar un camino que satisfaga a ambas partes. Por ello, el jefe del Ejecutivo jugó la carta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El PSOE ya dijo “no” a las enmiendas planteadas por los independentistas en la votación de la semana pasada. El texto es crucial para “devolver a la política” lo que nunca debió salir de ese carril y consolidar ese ambiente de convivencia que comenzaron a sembrar en la pasada legislatura con los indultos a los líderes condenados por la causa procesista. La amnistía sería el segundo paso y prácticamente el definitivo para dar carpetazo a una de las “mayores crisis territoriales” de la historia. Sin embargo, pese al armazón que socialistas y neoconvergentes construyeron en torno al proyecto de ley, los soberanistas se descabalgaron al entender que dejaba atrás a, entre otros, el líder de su formación y expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Vuelta a la casilla de salida.

Fase de discreción

Las posiciones aún están lejos, aunque no implica un frenazo en seco a los contactos entre sendas formaciones. Junts insiste en que la solución pasa por sus enmiendas, mientras que en Ferraz y Moncloa niegan la mayor y reclaman a sus interlocutores que abandonen la “improvisación”. La complejidad de un texto de esta índole así lo requiere, remarcan desde fueros socialistas en público y en privado. La alternativa pasaría ahora por retoques en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para contrarrestar las “instrucciones que se prolongan”.

La cúpula de Junts, sin embargo, no suelta el hueso y rechaza el ofrecimiento público del Gobierno. La presidenta de la formación independentista, Laura Borràs, ya ha expresado su negativa en La2 y Ràdio4, donde se ha negado a “hacer valoraciones a golpe de titular”. “Los expertos que están trabajando sobre el tema valorarán cualquier cuestión”, ha precisado a continuación, al tiempo que subrayaba que la redacción del proyecto de ley no es lo suficientemente “robusto”.

Alejados del foco mediático, resortes de ambas formaciones optan por encapsular los acercamientos. “Estamos en fase de discreción”, comentan desde la órbita de la negociación a ElPlural.com. PSOE y Junts no se saldrán de su modus operandi, el que ha envuelto a todas y cada una de las conversaciones bilaterales desde el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El objetivo es blindar los trabajos que desembocarán en un eventual pacto y evitar filtraciones que dañen la línea reabierta entre ambos actores. “Los equipos están trabajando”, remarcan.

“Templanza y firmeza”

Sánchez ya delimitó las líneas rojas que no están dispuestos a transgredir. No ha lugar a los cambios planteados, como tampoco cederá en un futuro ante una petición de referéndum. Si bien reclamó a todos los protagonistas “templanza”, el jefe del Ejecutivo subrayó que también es el momento para la “firmeza”. No obstante, y a pesar de su convencimiento de sacar adelante una situación que se ha enquistado más de lo previsto, considera que “hay que ser conscientes” de que Junts ya dio su voto favorable al articulado. El movimiento de fichas desde la judicatura en los casos Voloh y Tándem, sin embargo, agitó a los neoconvergentes hasta conducirlos al rechazo.

El presidente puso negro sobre blanco, reconociendo al bloque de investidura su “esfuerzo” por armar un proyecto de ley “plenamente constitucional y alineado con el derecho europeo”. De hecho, los socialistas lo consideran la única solución para consolidar la “convivencia” en Cataluña, restañada tras el año 2017. Todo lo demás no supondría sino destruir los puentes reconstruidos, máxime cuando las alternativas que plantean Vox y Partido Popular pasan por un 155 permanente, la “ilegalización de partidos independentistas” o la “guerra sucia” de la que hizo gala Mariano Rajoy y que inflamó la herida catalana.

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