Así lo ha acordado este tribunal en un auto en el que estima parcialmente los recursos interpuestos por el propio Correa y la acusación ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) contra la decisión de Pedreira de exigir 15 millones de euros al imputado, en prisión preventiva desde febrero de 2009, para salir en libertad.

Medidas electrónicas
En su resolución, el tribunal admite que sigue existiendo riesgo de fuga, pero añade que éste "podría, quizás, evitarse mediante (...) medidas de control electrónico de la persona del imputado en cuestión, que serían menos gravosas que la privación de libertad actualmente acordada". Eso sí, con el visto bueno previo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado