Con el anuncio del primer acuerdo para un Gobierno de coalición de la historia de la democracia española, se ha desatado un aluvión de reacciones desde diferentes sectores. Es el caso de la Iglesia, que según publica eldiario.es, estaría profundamente preocupada puesto que consideran que un Ejecutivo formado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias podría poner cerco a sus privilegios fiscales y educativos.

Según el citado medio, un obispo lamenta que “hemos jugado con fuego y ahora podemos quemarnos”. Estas declaraciones las habría hecho durante la víspera de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la que se prevé que se analice la línea de actuación y la estrategia de los obispos con respecto al posible nuevo Gobierno.

Por lo pronto, la CEE considera que perderá influencia, poder y beneficios. El presidente de la Conferencia, Ricardo Blázquez, ni siquiera ha remitido la habitual carta al ganador de las elecciones para felicitarle. Eso sí, se espera que durante su discurso inaugural lo haga.

Sobre la mesa hay dos estrategias posibles. Una minoritaria apostaría por tender la mano y colaborar con el Gobierno; mientras que otra mayoritaria optaría por oponerse de plano.

Y es que, pocos asuntos tocantes a la Iglesia se han tratado durante la campaña electoral y muchas son las incógnitas. Se podrían atajar las inmatriculaciones, el pago del IBI, la asignatura de Religión en los colegios, los conciertos educativos e, incluso, la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta.

El PSOE ya anunció que habría que renegociar las relaciones del Estado con la Iglesia. Francia sería un espejo donde mirarse. En dicho país, la laicidad está tan asegurado que hasta las iglesias pertenecen al Estado.

La educación concertada

En los últimos días las declaraciones de la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celáa, han abierto el debate sobre los conciertos educativos. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celáa aseguró que elegir un centro educativo no es un derecho constitucional, aunque proclamó que las familias tienen "libertad" para hacerlo y "no tienen nada que temer".

Sin embargo, este matiz no apaciguó las aguas. Asociaciones de colegios católicos y la patronal de la escuela concertada recordaron este viernes a la ministra de Educación y FP en funciones que el derecho a la elección de centro sí está recogido en el artículo 27 de la Constitución y que su justificación de la sentencia del Tribunal Constitucional, en este sentido, está "forzada" y "sacada de contexto".

Celaá ha asegurado que la elección de lo centros no es un derecho recogido en la Constitución. Esta afirmación la contextualiza en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, en la que se indica que el derecho de los padres a elegir colegio "forma parte del haz de derechos que pueden tener en las condiciones legales que se determinen", pero no del artículo 27 de la Constitución, que es el que recoge la libertad de enseñanza.

Para la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) es "difícil" imaginar la "libertad de educación sin libertad de elegir colegio" y recuerdan que en el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se recoge que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

"Lógicamente, no hablamos de libertad absoluta de elección de centro, como señala el Ministerio, ni tampoco hemos pedido una concertada a la carta, como dice a veces la propia ministra, solamente decimos que no pueden cerrar aulas concertadas que tengan igual o más demanda que la media de su entorno, como avalan numerosas sentencias a lo largo de las últimas décadas", explican a través de un comunicado.