La unión de PP y Vox en algunos territorios tras el 28 de mayo ya está empezando a tener sus primeros efectos. La ahora presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no solo retrocedió en sus palabras como dique de contención contra la ultraderecha para finalmente ser investida dirigente regional sino que se ha vuelto a desdecir de sus promesas. "Quiero luz, puertas y ventanas abiertas que no den opciones a la penumbra", aseguró durante su toma de posesión hace a penas dos semanas, pero ahora la primera medida aprobada por su gobierno ha sido en el sentido contrario. Populares y ultras han aprobado este jueves en la Asamblea la eliminación de la comparecencia de los altos cargos previas a su nombramiento, que servía, entre otras cosas, para conocer las incompatibilidades de estos. "Es una complicación", afirman los de extrema derecha.

Extremadura veta la transparencia

Poco más de diez días han durado las promesas en pro de la transparencia que lanzó María Guardiola al inicio de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura. Y es que este jueves, en el que ha sido el quinto pleno de su legislatura, el gobierno extremeño de coalición entre el Partido Popular y Vox han impulsado el veto a que los altos cargos comparezcan en la Asamblea como paso previo a su nombramiento. Se trata de una exigencia recogida en la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y afecta a trabajadores de varios niveles. En concreto a consejeros, directores y secretarios generales, jefes de gabinete y responsables de sociedades públicas, consorcios y fundaciones.

Hasta ahora estos tenían que someterse a una comparecencia en el seno de una comisión del Parlamento extremo para dar a conocer su trayectoria y experiencia profesional, así como declarar sus bienes, derechos y rentas. Esto permite, entre otras cosas, conocer las posibles incompatibilidades de los responsables públicos en la ejecución de su labor en la Junta y que los diputados de todos las formaciones políticas "formularan las preguntas o solicitarán las aclaraciones que crean convenientes" sobre sus currículums o recorrido laboral a los nuevos integrantes del ejecutivo. Un extremo que forma parte de la claridad en el devenir del gobierno regional y que obliga a dar explicaciones de forma pública a los nuevos consejeros y consejeras de la Junta de su vida y trabajo.

"Es una complicación"

Pero esto se ha acabado en Extremadura. El PP de Guardiola ha impulsado la derogación de esta norma bajo el precepto de que es un trámite que "no añade ningún elemento de transparencia" así como que "no tienen valor político ni jurídico, no incide en el devenir de Extremadura y retrasa la acción de Gobierno y la toma de decisiones que afectan a los extremeños". De esta forma se ha pronunciado José Ángel Sánchez Juliá, portavoz popular, este jueves durante el pleno, en el que se ha aprobado gracias al apoyo de Vox. Según ha explicado, y debido a que agosto es un mes inhábil políticamente, esta exigencia retrasaría mínimo hasta octubre la constitución total del Ejecutivo. De hecho, en este sentido ha asegurado que desde su entrada en vigor "se han evidenciado importantes disfuncionalidades".

A su juicio, la eliminación de este artículo recogido en el estatuto regional "no afecta a la transparencia" de la Junta ya que estas comparecencias "solo sirven" para que los altos cargos hablen de su propia vida "y no de trayectorias profesionales". Así, Sánchez Juliá ha instado al resto de diputados -concretamente a las izquierdas- a que esperen las comparecencias de los consejeros y consejeras y sus equipos en pleno, en las que -dice- sí se explicarán las líneas de actuación del ejecutivo. Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha ido un paso más allá y ha recordado que ya hace más de un mes que comenzó la legislatura con la constitución de la Asamblea y este requisito legal es una "complicación" que retrasará la actividad parlamentaria.

La oposición critica el "decretazo"

La que ha sido una de las primeras medidas tomadas por la coalición ultraderechista no ha gustado a la oposición y provocado que las formaciones de izquierdas se pronunciaran muy contundentes y críticas con lo que han calificado de "ataque a la transparencia". El portavoz del PSOE extremeño, José María Vergeles, ha sostenido que se trata de un "decretazo" que "deroga la transparencia y cierra las ventanas", en referencia a la promesa de Guardiola. Por eso, ha pedido al PP y Vox que "respeten" las instituciones y los ciudadanos y expliquen qué creen que va a pasar en esas comparecencias. Así, Vergeles ha solicitado a la presidenta de la Junta que dé marcha atrás a la propuesta. "No rompa con la transparencia, puede ser el único patrimonio que le quede", le ha dicho en el pleno.

"Lo primero que hacen PP y VOX es aplicar un derogazo. María Guardiola deroga la transparencia en la Asamblea al impedir que sus altos cargos comparezcan para explicar su trayectoria e incompatibilidades", ha sostenido asimismo a través de su perfil oficial de Twitter. También la socialista Soraya Vega ha percutido en este mensaje asegurando que la eliminación de este proceso "ataca frontalmente a la transparencia" en la región al tiempo que ha recordado otras grandes medidas impulsadas por el actual ejecutivo basadas en "eliminar y derogar". "Empezó eliminando la Consejería de Igualdad y también la de Transición Ecológica, y sigue derogando", ha denunciado. 

Por su parte, desde Unidas por Extremadura han calificado de "gravísima" la derogación de la norma al tiempo que han cuestionado que la primera decisión del gobierno ultra es "algo simbólico y premonitorio". Así se ha manifestado su portavoz, Joaquín Macías, quien ha denunciado en la rueda de prensa posterior al pleno que esto "atenta contra el principio de transparencia" que debe regir en las instituciones extremeñas. "Se está hurtando a la ciudadanía del derecho a conocer quiénes serán las personas que ocuparán el gobierno de la Junta, qué currículum tienen y, sobre todo, si no existe un conflicto de intereses en su designación", ha sostenido con contundencia.

Macías ha afeado que el PP no haya valorado otras posibilidades para no demorar los tiempos parlamentarios -principal argumentario de ambas formaciones- "en lugar de evitar la transparencia". Y es que el gobierno ha votado la tramitación de esta eliminación por lectura única, lo que impide la presentación de enmiendas. "Ustedes tienen alergia a los controles democráticos, deciden eliminar en lugar de ver cómo pueden cumplir con la ley, ustedes no son de fiar", ha afirmado el portavoz para después insistir. "No quieren que comparezcan porque o bien no se fían de ellos o tienen conflictos de intereses. En algún momento lo sabremos", ha sostenido.