El Grupo Parlamentario del PP de Valencia se ha inmiscuido en una batalla económica con Les Corts Valencianas a raíz de una subvención que ha traído polémica por las pegas y maniobras que ha operado el partido para no devolverla. En concreto, se trata de un pago que se asignó a todos los grupos parlamentarios en 2021, en el BOCV 150/X, de 10 de marzo de 2021, y que fue aprobado en el acuerdo número 1871/X, de 23 de noviembre de 2021, por valor de 38.105,71 euros, y del que los 'populares' pretendieron su duplicado por error para no efectuar su devolución. De hecho, fue la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, la que firmó el escrito en el que la formación trató de levantar la citada cantidad.
Esta subvención, de acuerdo con el Examen de Cuentas de 2022, era de obligatorio reintegro a las Cortes en dicho ejercicio, más concretamente en el cuarto trimestre del mismo. El PP no lo hizo, y se les quedó pendiente este pago. Por ello, se abrió un expediente de reintegro al partido, en el que se le daban quince días para presentar alegaciones. Desde las filas 'populares' se presentó un escrito en el que solicitaron la reducción del importe del reintegro, concretamente por tres pagos de 292,71, 9.892.06 y 18.056,06 euros (recibos de telefonía, cotizaciones de personal y retenciones del IRPF, respectivamente, un total de 28.240,83 euros), y en el que solicitaban que el criterio para la devolución fuese acorde a las normas de caja y no a las de devengo. En otras palabras, rogaban que el gasto estuviera computado en el momento del pago del dinero, ya en 2022, y no en el momento del devengo, esto es, cuando se adquiere el compromiso de efectuar dicho pago en 2021, y más tarde, aseguraron que la solicitud de reintegro se debía a una confusión.
Los tiempos, la clave de este asunto
Al ser anterior el momento del devengo de esta subvención que el momento de su pago (lo cual es algo normal por la propia naturaleza del concepto del devengo de un gasto), los tiempos se convierten en algo clave en esta situación. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, remite un escrito que reza lo siguiente:
"En diciembre de 2023, se presentó un escrito de alegaciones en relación con el reintegro de parte de las subvenciones recibidas por el Grupo Parlamentario Popular. En ellas, por error material, se solicitaba que se computaran en enero de 2022 las cantidades devengadas en diciembre de 2021, correspondientes al IRPF del cuarto trimestre y a la seguridad social del mes de diciembre, en lugar de los justificantes devengados en el mes de diciembre de 2022, cargados en enero de 2023. Por tanto, rogamos que se tenga por justificada esa cantidad".
De acuerdo con la defensa del PP, se confundió el pago del año siguiente con el del año anterior, mientras que la cantidad del año 2023 sí fue abonada correctamente. Sin embargo, el informe relata que "el balance de situación del ejercicio de 2021, que integra la contabilidad rendida por el Grupo Parlamentario Popular, detalla dicha cantidad de 27.948 euros (los 292,71€ de las facturas telefónicas fueron denegados) como deudas pendientes de pago imputables e imputadas al ejercicio 2021, en el cual fueron devengadas".
"Por tanto, no podían ser tratadas como se pretendía en el escrito presentado por la síndica del Grupo Parlamentario Popular de la X Legislatura en fecha 12 de diciembre de 2023, es decir, como gastos imputables al ejercicio 2022, porque fueron pagadas en el mes de enero de dicho ejercicio. Si se hubiera atendido la alegación formulada en tal sentido por el Grupo PP, se estarían imputando dichos pagos, efectuados una sola vez, a dos ejercicios consecutivos, el 2021 y 2022, duplicidad que no puede admitirse", sentencia el texto. En otras palabras, el mecanismo del PP pretendía aplicar un cambio de normas, haciendo que un pago correspondiente a un periodo concreto de tiempo fuese pasado a otro periodo de tiempo posterior, provocando así su duplicación.
Por otra parte, un primer informe determinó que no procedía aceptar la aportación de los justificantes de pago de los gastos realizados por el grupo 'popular' en enero de 2022, correspondientes a gastos devengados en 2021, con el propósito de reducir la cantidad que debía reintegrarse por el grupo de la subvención que recibieron en 2022. En virtud de ello, el informe concluyó que la deuda seguía vigente, con una cantidad pendiente de reintegro de 38.105 euros. Por su parte, el PP presenta documentación que arroja un resultado de gasto de 35.862 euros, correspondientes a gastos devengados en 2022, pretendiendo pasarlos por los del año anterior.
"Sin embargo, dado que el importe total de los gastos recogidos en la cuenta de resultados del grupo parlamentario puede ser mayor que el total de gastos resultantes de la cuenta justificativa, como consecuencia de la existencia de devengos no pagados aún, el grupo parlamentario deberá aportar a las Cortes el justificante de pago de tales gastos devengados. De esta manera, los citados justificantes presentados para los gastos devengados en 2022 se consideran extemporáneos, dado que debían haber sido aportados dentro del procedimiento de control financiero, desconociéndose las causas por las que el grupo parlamentario popular no presentó aquellos justificantes en su plazo correspondiente", sentencia el informe.
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