Este martes el Gobierno de España aprobó un paquete de medidas destinado a atajar la espiral alcista del recibo de la luz. Recorte de los beneficios extraordinarios de las energéticas para redirigirlos hacia los consumidores, un tope al recibo del gas y una rebaja del impuesto sobre la electricidad del 5,1% al 0,5% son las más destacadas. Sin embargo, pese a la incidencia que tendrán sobre el recibo, el PP no solo se ha opuesto; sino que ha absorbido como propio el argumentario de las eléctricas, poniéndose así de su parte.
La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha exigido durante su intervención en la sesión de control al Gobierno que “deje de amenazar” a las compañías eléctricas. “Le llamaron plan de choque, pero se resume en un nuevo parche de recibos aplazados e intervenciones del mercado”, ha apostillado.
La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelec) manifestó este martes su “contundente rechazo” al Real Decreto aprobado por el Gobierno, tildándole de “intervencionista”. Génova asumió el argumentario e incluso fue más allá. La propia Gamarra, horas después de conocer los planes de Pedro Sánchez, tildó las medidas de “confiscatorias” y deslizó que eran “de dudosa legalidad”.
Un razonamiento que ha repetido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno. Gamarra ha mantenido un intenso choque con la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La socialista a acusado a la popular de ponerse de parte de las eléctricas y defender sus intereses.
El presidente del Gobierno también ha aprovechado su turno de intervención para afear a Pablo Casado que “lo justo” es que todos arrimemos el hombro, por lo que revertir “los beneficios caídos del cielo de las eléctricas en beneficio de los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas” es lo decente. Y ha añadido que “eso es lo que hacen los gobiernos. Y este Gobierno siempre va a defender el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés o presión particular”.
Las eléctricas recurren al chantaje
Las empresas eléctricas no tardaron en reaccionar a la batería de medidas aprobadas por el Gobierno. ¿Y cómo? Recurriendo al chantaje más burdo.
A través de un comunicado, las compañías amenazaron con cerrar las centrales nucleares del país, de las que son propietarias, si el Ejecutivo sigue adelante con su plan. Según argumentan, el plan presentado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros hace “imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.
“Las centrales nucleares españolas funcionan con autorizaciones de explotación que se renuevan periódicamente. Las actualmente vigentes fueron solicitadas por sus titulares y concedidas por el Ministerio correspondiente con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, en el momento de la solicitud, y para llevar a cabo las decisiones de inversión necesarias, se tuvieron en cuenta el mecanismo de asignación de derechos de emisión de la UE y el precio del CO2 del mercado internacional. Con este proyecto de Ley en vigor, no se hubieran solicitado las renovaciones de las autorizaciones, varias de ellas muy recientes”, censuran.
