A falta de dos semanas para finalizar el año, el Partido Popular opta por la Justicia para cerrar su ejercicio político de 2024. Será el próximo miércoles 18 de diciembre, durante la última sesión de control al Gobierno del año, cuando el grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo ponga de nuevo sobre la mesa las citas judiciales que implican al entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Coincide esto con las diferentes declaraciones que entre el lunes 16 y el viernes 20 de diciembre deberán prestar en los juzgados el presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama; el ex asesor socialista, Koldo García; y la mujer del presidente, Begoña Gómez. Según han adelantado, será el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, quien instará al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a prestar explicación sobre “el calendario judicial del Gobierno”.
El “ataque” a los jueces, protagonista de la sesión
Entre otras cosas, el ministro será preguntado también por lo que desde el Partido Popular consideran “ataques” a los jueces por parte del Ejecutivo. En esta materia, y según han adelantado, será la diputada popular Ester Muñoz, quien planteará la cuestión: "¿Cree que los jueces españoles acosan al Gobierno de España?".
Siguiendo la misma línea, desde la bancada popular se ha registrado una interpelación dirigida también a Bolaños para pedirle que haga un “balance de las actuaciones del Gobierno que han provocado el deterioro democrático actual”.
Moción sobre las actuaciones de Begoña Gómez
Al margen de la ofensiva judicial que, previsiblemente, marcará el hilo conductor de la última sesión del año, los de Feijóo han avanzado que también habrá tiempo para debatir sobre el apoyo del Gobierno a las actividades profesionales de Begoña Gómez. Asimismo, tratarán la supuesta participación de Gómez en adjudicaciones públicas, así como el origen de la filtración al socialista Juan Lobato del documento con datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La moción se produce después de que el pasado miércoles los populares dirigieran al ministro de Transformación Digital, Óscar López, una interpelación, por vincularlo con la causa judicial que afecta a Begoña Gómez y con el caso del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de la presidenta madrileña.
La Justicia desmiente la politización del órgano
Retomando el adelanto de los populares sobre las cuestiones judiciales a debatir, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han desmentido que se estén produciendo “sesgos políticos” en los jueces. La presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha defendido la “independencia judicial” como “uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”.
En este sentido, mediante un escrito, ha destacado que "es precisamente esa independencia lo que garantiza que la potestad jurisdiccional y la política discurran por caminos separados". "El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado", argumenta.
Entre otras cosas, Perelló añadía que si bien "la crítica de las actuaciones de los poderes públicos es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento", por lo que "la labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada", "lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional".
