Dijeron que no les bastaba con el cese de la ya exdirectora del CNI, Paz Esteban. Y en efecto, los socios parlamentarios del Gobierno y Unidas Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados la solicitud de creación de una comisión de investigación para arrojar luz sobre el espionaje con Pegasus. Los morados, que integran el Ejecutivo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP, BNG, Más País y Compromís han comunicado su intención de esclarecer los hechos esgrimiendo que durante el Gobierno de Mariano Rajoy el Parlamento concluyó en más de una ocasión que existía una estructura parapolicial al servicio del Partido Popular, y habida cuenta que el PSOE no ha explicado cómo la ha desarticulado, se cuestionan si perdura y sigue funcionando.
Según el documento del registro al que ha tenido acceso ElPlural.com, la comisión de investigación tendría por objeto concreto profundizar en la “vinculación de diversos estamentos oficiales del Estado y un entramado mediático, empresarial y parapolicial, con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados”. Traducido al sincerolés, dilucidar si detrás del espionaje a más de 60 líderes independentistas están las cloacas del Estado que ya maniobraron en su momento para sustraer las pruebas que atesoraba Luis Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular, entre otros casos.
En la comisión de gastos reservados, conocida como secretos oficiales, Esteban presentó 18 órdenes judiciales que autorizaban al CNI a espiar a independentistas, incluido el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Sin embargo, no explicó quién y por qué intervino las comunicaciones al resto de las víctimas desveladas por The New Yorker y Citizen Lab.
Los aliados del PSOE han elaborado un plan de objetivos que darían respuesta a todas las preguntas. En primer lugar, esperan “conocer al detalle la vinculación con la Policía y el entramado mediático del excomisario José Manuel Villarejo”. Investigar, también, cualquier resquicio de trama policial y averiguar que “armas y dispositivos” manejan. Analizar “las actuaciones del Ministerio de Interior en relación a las presuntas irregularidades”, “proponer las medidas oportunas de prevención y control” y; en última instancia, “esclarecer el conocimiento de las tramas irregulares por parte de los responsables políticos del Ministerio desde la creación de éste”.
“No es propio de una democracia que pesen sombras de duda en relación con la transparencia y correcta aplicación de la legislación en las actuaciones de los estamentos oficiales del Estado”, máxime si guardan vinculación “la seguridad y el monopolio de la fuerza”, denuncian en el escrito.
Entre la espada y la pared
El PSOE se negó desde el minuto cero a sacudir las vergüenzas de Pegasus en una comisión de investigación pública, escudándose en que los secretos oficiales no pueden agitarse en público y únicamente podría abordarse en la comisión de gastos reservados. Pero en la última reunión, los implicados no salieron precisamente satisfechos. Todo lo contrario. En la exposición de motivos de la solicitud de Unidas Podemos, ERC, Bildu y compañía, razonan que el Congreso, con la participación activa de los socialistas, se aprobaron conclusiones de Kitchen y caja B que evidenciaban la existencia de estructuras parapoliciales. El PSOE se comprometió a desmantelar la denominada “policía patriótica”, pero “hasta hoy no se ha explicado cuáles han sido los movimientos llevados a cabo por el titular del Ministerio ni sus cargos subalternos para dar cumplimiento al compromiso”.
De prosperar, la comisión de investigación estará compuesta por tres representantes de cada grupo parlamentario con más de 100 diputados, dos por cada uno con más de ocho y un representante de los grupos restantes.
No es suficiente
La cabeza de Paz Esteban fue la primera, que no la única, que le pidieron a Sánchez sus socios. Tras conocer su destitución, independentistas catalanes y vascos, así como las fuerzas regionalistas coincidieron en que no era suficiente. Máxime cuando su sustituta es Esperanza Casteleiro, mano derecha de Margarita Robles.
Además de la comisión de investigación, solicitaron la dimisión de la ministra de Defensa para depurar responsabilidades y la desclasificación de las autorizaciones judiciales que avalaron el espionaje de los servicios de inteligencia. En este sentido, Íñigo Errejón dio un paso al frente y, según publicó en exclusiva este periódico, Más País registrará en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para que el Ejecutivo se comprometa a reformar el articulado 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales en un plazo no superior a tres meses para que se pueda desclasificar información y archivos que violenten derechos humanos.
