La sociedad vasca ha estado movilizada siempre; tuvo y tiene el mayor índice de afiliación sindical en general y muchas de las personas que hoy están en la calle han estado en movilizaciones toda su vida. “Hace 30 o 40 años les pilló la reestructuración, pero también se movilizaron contra el terrorismo. Es algo intrínseco a Euskadi y no tiene que ver con la temática de que se trate. Los líderes que hoy se conocen entre los pensionistas están muy ligados a anteriores luchas sindicales”, afirma Jon Azkue Manterola (Guetaria, Guipuzcoa, 63 años), viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.
Algo parecido opina Andrea Oña, representante de la Asociación (Personas Mayores y pensionistas de Vizcaya, PMB), para quien “hay vacíos, desigualdades, que sólo la solidaridad puede vencer. Y las hay entre los pensionistas, con las mujeres, con los jóvenes…”.
Dos horas después del encuentro que 'El Plural' mantenía con Andrea Oña (PMB), el PNV ejercía de monaguillo del PP en Euskadi. La Asociación PMB es la principal impulsora de las manifestaciones que han puesto a Bilbao como referencia nacional de movilización contra la política de pensiones de Rajoy, pero los diputados y senadores nacionalistas no la convocaron a las reuniones que mantuvieron ese día con otras asociaciones de jubilados consideradas próximas al PNV.
La convocatoria para el próximo 26 de mayo en todas las ciudades y pueblos de España busca tener el seguimiento de hace un mes, el día en que se reunieron en Bilbao 150.000 personas, mayoritariamente jubiladas, que decían no al incremento del 0,25% aprobado por el Gobierno del PP. Después vendría el pacto de los nacionalistas vascos con los populares. El PNV le hizo la cobra al Gobierno de Rajoy y no le esperó para anunciar juntos un pacto que nunca hubiese querido firmar y en el que se le arrancó, a contrapelo de la discusión de los Presupuestos Generales del Estado, un incremento del 1,25% para 2018 y el crecimiento de las pensiones en la misma cifra que el IPC, así hasta 2020.
Un record cada lunes
Hay una auténtica carrera contra el reloj y el calendario marca para el día 24 de mayo la aprobación de dichos Presupuestos Generales. El manifiesto hecho público a principio de mes por el denominado Movimiento de Pensionistas de Bizkaia reconocía el avance temporal que significaba el pacto PNV-PP, pero insistía en la necesidad de mantener la movilización y especialmente la convocatoria del día 26 en toda España, a impulso de los pensionistas de Euskadi y Navarra (sic). Su objetivo es conseguir una pensión mínima garantizada de 1.080 euros y la anulación de las reformas laborales vigentes.
Imagen de la multitudinaria manifestación del pasado 5 de abril. Fuente: Imagen propia.
Efectivamente, la riada bilbaína de pensionistas no se ha contentado con ese acuerdo y volvió a salir a la calle los lunes siguientes. Algunos corrieron a advertir de que los 30.000 manifestantes del 5 de mayo no fueron los 15.000 históricos que llenaron las televisiones de manos protestando por lo que llamaban el robó al sistema de la Seguridad Social. Pero Bilbao sigue marcando cada lunes el record de manifestantes desfilando por la Gran Vía o concentrados frente al Ayuntamiento.
El PNV no ha dejado pasar el tiempo, porque cada día tiene su afán, y primero arremetió contra las asociaciones de pensionistas guipuzcoanas, más afines al nacionalismo. Las presiones no hicieron efecto y los jubilados salieron desoyendo las advertencias. En Bilbao, después de una llamada del PNV al orden, ocurrió más de lo mismo.
Un pacto de vida corta
De cara al 26 de este mes, la derecha nacionalista no puede ocultar los nervios que le provocan esas convocatorias: en muchas localidades comienzan a dirigirse hacia los ayuntamientos, y en el País Vasco el PNV extiende su poder por la mayoría de ellos. Pero la fotografía frente a las fachadas municipales que rigen los jeltzales no es su única preocupación. La más grave es que comienzan a comprobar que el acuerdo PNV y PP fue un buen paso táctico de los nacionalistas para aprovechar la debilidad del Gobierno español, pero insuficiente para los pensionistas; Algunas asociaciones creen el PP, después del Pacto, ha decidido no mover un dedo más y, de una u otra forma, dará marcha atrás durante el debate presupuestario en el Congreso de los Diputados, sobre todo en lo que se refiere al factor de sostenibilidad, que es la clave de la reforma de los populares a favor de las pensiones privadas.
Hasta ahora, el Partido Nacionalista Vasco venía capitalizando la sorpresa y la buena imagen que le proporcionó su acuerdo sorpresa y las contrapartidas públicas y aún pendientes de conocer. El PSE-EE, socio del nacionalismo en los gobiernos vasco y bilbaíno, no se ha dejado ver, ante el riesgo de tener que dar explicaciones, aunque la Consejería de Trabajo y Justicia (sorprendente amalgama) está dirigida por una socialista y, junto a ella, un reputado socialista y sindicalista, Jon Azkue, como viceconsejero. De él depende la política vasca en materia de Trabajo y Seguridad Social, amén de lo que marque el lehendakari.
Los dos errores de Urkullu
Es el lehendakari Urkullu quien ha decidido atraer hacia si el foco que iluminaba a los pensionistas, cuando hasta entonces lo había hecho su partido. Su declaración pública de que el objetivo de algunas organizaciones sobre pensiones mínimas de 1.085 euros no es viable ni sostenible en las condiciones actuales, aunque no dejó claro a cuáles se refería. Y eso, cuando en el Congreso de los Diputados fuentes de la Comisión del Pacto de Toledo comienzan a filtrar ya la idea de que está próximo un pacto que anuncian para finales de primavera y que retomaría el IPC como referencia para el incremento de las pensiones; eso sí, un IPC más abierto, al modo del existente hace años. La misma propuesta que mantiene el viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social, Jon Azkue Mantelora, durante su entrevista con El Plural.
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El lehendakari, Iñigo Urkullu. Fuente: EFE.
No menor ha sido el error del lehendakari, quien, consciente o no, le ha puesto cara a las movilizaciones sin que nadie se lo pidiera al acusar a Podemos y EH Bildu de ser quienes movilizan a los pensionistas vascos y especialmente en Bilbao. Urkullu sabe que un incremento del 1,25% no tendrá repercusión alguna sobre los pensionistas de Euskadi, porque el sistema fiscal propio les es más favorable después de hacer la declaración de la Renta. Por eso los manifestantes comparten tantas veces en público un doble objetivo irrenunciable: recuperar su poder adquisitivo con la aprobación de una pensión mínima garantizada superior “aunque sea de 1000 euros” como dice Andrea Oña que establece la Carta Social Europea, y la derogación de la reforma aprobada por el PP.
Hacen oídos sordos a las advertencias y rechazan las acusaciones de Urkullu. Andrea Oña (PMJ) reitera que “hemos cortado de raíz el deseo de los sindicatos y de todos los partidos de “dirigir” nuestras protestas. Hemos surgido de las redes sociales y nadie, salvo nosotros, determina nuestras reivindicaciones”. No obstante, algún portavoz de la Asociación de Personas Mayores y Pensionistas de Bizkaia no oculta en las redes su pertenencia a Podemos, ni las asociaciones más cercanas al PNV niegan esa relación. De hecho, conforme se acerca la fecha de la próxima gran manifestación, la tensión entre unos y otros se ha convertido ya en más que palabras en las redes sociales.
"Hablar de economia y pensiones es una trampa"
Este delicado equilibrio interno entre los convocantes puede estar a punto de romperse si, como se anuncia, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo cierra un acuerdo que no coincida con las reivindicaciones que se leen en las movilizaciones o satisfacen a quienes esperan conseguir un rédito económico inmediato. Por eso el PP insiste en vincular el sistema y el crecimiento de las pensiones a cuestiones económicas coyunturales, entregando un cierto protagonismo en esa materia a las centrales sindicales.
Desde el Gobierno vasco, el socialista Jon Azkue quiere ser tajante: “Si pensamos que la cuestión de las pensiones es económica, estamos entrando en una trampa. El futuro de las pensiones es político, no es económico, no es algo estructural ligado a la economía. En España podemos estar dedicando a las pensiones un 11% del PIB; pues si hay que dedicarle el 15% del PIB, hágase”. Se “calienta” cuando abunda sobre este aspecto: “Ya está bien, 30 años de presión, de tantos intereses, de la banca contra el futuro de las pensiones diciendo que no se puede sostener”.
El viceconsejero de Trabajo y Seguridad Socialjon, Jon Azkue. Fuente: archivo.
El viceconsejero vasco de Trabajo cree que se debería derogar el llamado factor de sostenibilidad, en lo que “podrían estar de acuerdo todos los partidos políticos de Euskadi” si tuviesen que firmar un acuerdo en este sentido en Madrid. Recuerda que “el Pacto de Toledo es el instrumento que cambió la realidad de España respecto al sistema de pensiones: se logró que se sentasen en esa mesa los que nunca estuvieron a favor, léase PP. Eso significaba defender un sistema de capitalización y nunca uno de reparto”. De ahí su idea, que repite varias veces, de que las actuales movilizaciones deben terminar en el Pacto de Toledo, porque “alguien tiene que negociar las propuestas en el Pacto de Toledo y alguien tiene que legislar las modificaciones que se aprueben”,
Cuando le preguntas a Andrea Uña cual es el futuro de las movilizaciones y si prevé algún punto de encuentro posible, insiste en que la plataforma que han construido entre todas las asociaciones, partidos y sindicatos no se va a mover un ápice y que hay muchas cuestiones sociales pendientes y por las que mantenerse movilizados. “Seguiremos”, dice, y se pueden leer sus llamamientos a estructurar hacia el futuro esta movilización actual de los pensionistas, a la que suman las de mujeres y estudiantes.
