La lacra de la violencia de género continúa en el debate social, especialmente después de conocer que a finales del pasado mes de septiembre, España se colocó a solo una víctima más de violencia machista para igualar el registro de 2022, en el que se produjeron 48 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas. Y es que en tan solo el fin de semana del 16 y 17 de ese mes se ejecutaron cuatro crímenes machistas. Pero también en el político, que se emplaza a aumentar los trabajos para intentar parar esta deficiencia social. En este contexto, el primer informe de evaluación de cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género demuestra que sí se está cumpliendo medidas para ello pero no es suficiente. Todo con acusaciones cruzadas en el Gobierno y propuestas sin ejecutar.

El Gobierno cumple el Pacto de Estado contra la violencia machista

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017 estableció un margen de cinco años para llevar a cabo 290 medidas con el objetivo de ampliar y mejorar la respuesta del Estado contra las violencias machistas. Ahora, en 2023 y una vez finalizado este plazo, un informe sobre la evolución de este cumplimiento señala que se ha cumplido con 190 puntos (el 65,5%) mientras el resto o está en proceso o directamente no se han cumplido. En concreto, 85 están en camino sin completarse (29,3%), 9 están pendientes (el 3,2%) y solo 6 no han sido ni siquiera evaluadas (el 2%), al no ser competencia de la Administración General del Estado. Así lo evidencia el documento elaborado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a cuenta del convenio parlamentario en esta materia. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad han destacado tras la presentación que la pasada legislatura fue "prolífica en el avance de cumplimiento del Pacto" y que están "contentas con el porcentaje tan alto de medidas que se han cumplido", pues en comparación con el año 2019 -cuando hubo 75 medidas cumplidas y 51 pendientes- la evaluación actual es más positiva. "Hay más dinero invertido, más medidas y más mujeres atendidas", han sostenido desde el equipo de Irene Montero. Entre las medidas que sí han quedado resultas se encuentra la ampliación del concepto de violencia contra las mujeres, la aprobación de la ley de garantía integral de la libertad sexual -la polémica ley del solo sí es sí-, la suspensión de las visitas de los padres maltratadores o la interrupción de las visitas a prisión de niños y niñas cuyos padres estén condenados por este delito.

Igualdad acusa a Justicia de incumplir ocho

Pero pese a que el Gobierno ha cumplido casi la totalidad de los acuerdos, las nueve que han quedado sin ejecutar han provocado lío interno. Y es que la cartera de Igualdad que lidera la dirigente de Podemos, Irene Montero, ha atribuido ocho de ellas a Justicia, en manos de la socialista Pilar Llop. En concreto, apuntan a todas aquellas que tienen que ver con delitos, atenuantes y leyes, como son la medida 106 -que habla de suprimir el atenuante de confesión en los delitos de violencia de género- y la 107 -que suprime la atenuante de reparación del daño-. Todo ello en meio del debate que ha impulsado el movimiento feminista sobre si debería ser aplicado como atenuante el confesar en aquellos agresores que, sin embargo, no piden perdón por lo sucedido o no parecen arrepentirse. Sin embargo, para ambas es necesaria la reforma del Código Penal. 

Se suma a esta lista la medida 119, que apuesta por introducir en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un listado no cerrado de criterios de referencia de la situación objeto de riesgo con el objetivo de impedir que disminuyan las órdenes de protección. Cabe destacar que se ha redactado un anteproyecto de reforma de esta norma aunque sin añadir esta propuesta en ella. Así como la 120, que pide eliminar la exigencia de presentar una fianza en la personación de las asociaciones de ámbito estatal en los procedimientos de violencia de género y concreta las características que deben tener estas agrupaciones para poder acogerse a esta eliminación. También está pendiente -y también responsabilizar a la delegación de la titular Llop- la 126.

En esta se insta a la Administración a actualizar el protocolo de actuación en materia de ejecución de penas para que, en el mismo momento en el que haya sentencia condenatoria firme, se inicie de forma inmediata un alejamiento. Todo con el objetivo de "evitar los posibles periodos de desprotección, en los momentos en que las medidas cautelares ya no rigen porque hay sentencia firme, pero aún no se ha dado inicio a la ejecución de las penas de prohibición de acercamiento y comunicación del art 48 del Código Penal". Completan las ocho la 145, la 151 y la 206, que plantean incorporar las denuncias y lesiones a VioGén, la prohibición de acercamiento o comunicación con víctimas en casos de quebrantamiento de condena o impedir a los maltratadores acceder a grabaciones de exploración judicial de los menores, respectivamente. 

Más delitos pero más denuncias

Unos minutos antes de la presentación del informe del Pacto de Estado se ha producido la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, un documento que recopila la actividad de las diferentes Fiscalías territoriales así como las especiales y las Áreas especializadas y en el que se incluyen referencias sobre la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las propuestas de reformas legislativas para una mayor eficacia de la Justicia en nuestro país. Se trata de un texto entregado este jueves por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un acto en la Cámara Baja, y que recoge el aumento de casos de violencia machista pero también de las denuncias.

Según Justicia, el número total de víctimas de violencia de género atendidas en 2022 por la Oficina de Asistencia a la Víctima (OAVD) ha ascendido hasta las 7.791, de las cuales 279 han sido menores de edad -un 6,58% más que en 2021- y 23.391 requirieron de asistencia. Del total, 4.626 mujeres contaban con orden de protección. Sin embargo, los fiscales detectan una desigualdad a nivel nacional entre las regiones autonómicas, por lo que consideran "conveniente garantizar que las OAVD estuvieran dotadas de personal suficiente, multidisciplinar y con formación específica en enfoque de género, infancia e interseccionalidad, que realicen servicios de guardia y que se creen oficinas itinerantes que acudan allí donde se encuentra la víctima, facilitando la atención de éstas en el ámbito rural".

Disminución de las potenciales agresiones hacia las mujeres

En cuando a la evolución de la criminalidad y actividad de Fiscalía, en 2022 se han interpuesto 182.073 denuncias en los Juzgados de Violencia Machista, lo que supone un 11,8% más que en 2021. Ya por Comunidades Autónomas, las que más denuncias han registrado y ocupan las posiciones a la cabeza del ránking son Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunitat Valenciana, sin embargo, los fiscales destacan como "llamativo" lo que ha manifestado el fiscal delegado de Zamora, que ha detectado un descenso en los procedimientos incoados por este asunto de aproximadamente en un 20% respecto al año anterior, "lo que evidencia lo positivo en la disminución de las potenciales agresiones hacia las mujeres".

Denuncias falsas, "ínfimas"

Por otra parte, este informe también analiza las retiradas de acusaciones así como las denuncias falsas. Para lo primero, el documento refleja que se efectuaron 61 retiradas, 18 por voluntad de la propia víctima y 43 por otras causas. Eso sí, el texto señala que "en esta Unidad solo se ha tenido conocimiento de 50 de esas retiradas de acusación y, de estas, solo una vino motivada por la circunstancia de haberse acogido la mujer al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", lo cual afirman que supondría el 2% del total. Por provincias, el mayor porcentaje de retiradas se ha producido en Granada (9), Valencia (6), Madrid (5), A Coruña (4), Málaga (4), Ciudad Real (4), Tarragona (3), Lleida (3), Barcelona (2), Jaén (2), Baleares (2), Cantabria (2), Segovia (2) y Castellón (2).

En el segundo caso, los fiscales destacan que en 2022 han sido 28 los asuntos en los que se ha deducido testimonio por denuncias falsas, de los que en 16 de ellos no consta incoación, 10 se encuentran en trámite, en uno ha sido dictada sentencia condenatoria de conformidad; y en otro se ha dictado auto de sobreseimiento provisional. Sin embargo, en cuanto a deducciones de testimonio por delitos de falso testimonio o de obstrucción a la Justicia, destacan que solo han sido notificados cinco, de los que tan solo uno pasó a denuncia falsa. Esto revela que "el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa es ínfimo" con un promedio entre los años 2009 y 2022 "del 0,0083%". Mismo resultado que en otros años.