Políticos abiertamente homófobos irrumpiendo en las instituciones. Declaraciones públicas que cuestionan derechos conseguidos con décadas de lucha y esfuerzo. Medidas que prohíben exhibir la bandera del colectivo LGTBIQ+ en edificios públicos. Un clima de retroceso social flagrante como consecuencia de los pactos entre la derecha y ultraderecha en numerosas autonomías y centenares de ayuntamientos españoles. El Día del Orgullo es siempre una fecha de vital importancia para defender todos y cada uno de los avances sociales que mejoran la vida de las personas LGTBIQ+, y en esta ocasión ha de serlo todavía más, si atendemos al panorama político y social expuesto. El desenfrenado avance de la ola reaccionaria europea, de la que España no se está librando, convierten esta fecha en un día clave para dar un paso adelante y enfrentarse, sin temor, a los discursos de odio y a las políticas discriminatorias.
El Orgullo LGTBIQ+ es un día para reivindicar la diversidad de identidad y orientación sexual. Para entender que todas ellas son válidas, y que nadie debe ser discriminado por quién le atraiga sexualmente, por cuál sea su identidad de género o a quién le profese sus sentimientos. Es un día de aceptación, de pluralidad, de inclusión, de entender que hay otras formas de vivir y de existir que no están basadas en la normatividad heterosexual. Es un día para desterrar masculinidades tóxicas, para desprenderse de antiguos complejos y para sentirse válido, aceptado, libre. Es un espacio seguro para todas las personas y en el que no han de tener cabida retrocesos, excepciones ni peros. Un espacio para alzar la voz y plantarse contra aquellos que ponen en entredicho valores y derechos que están ya más que asentados en la sociedad, y sobre los que hay que ser firme en su defensa.
Homofobia a cara descubierta
La ultraderecha ha entrado con mucha fuerza en las instituciones españolas tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Se han conformado numerosos Ejecutivos autonómicos y municipales en los que Vox ha asumido cargos públicos y en los que está impulsando su marco argumentativo ultraconservador y LGTBIfóbico. Muchos políticos de la extrema derecha consideran que las personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+ son "enfermos" al nivel de los zoofílicos, que no merecen derechos y señalan el "aumento de la homosexualidad" como "un problema alarmante". Existen numerosos ejemplos para ilustrar estas deleznables descalificaciones.
El nuevo presidente del Parlamento Balear, Gabriel Le Senne, ha destacado en el pasado por sus intervenciones y tuits tránsfobos y homófobos.
La misma línea sigue, por ejemplo, la candidata de Vox a la alcaldía de A Coruña, Eva Castro, quien llegó a comparar la homosexualidad con la zoofilia. "¿Quién discrimina por una orientación sexual, que es algo tan íntimo? Niego los derechos LGTBI al igual que los del aborto", señaló en una entrevista, al tiempo que negó la persecución sufrida por el colectivo y sostuvo: "Tampoco dices que eres heterosexual o tienes zoofilia". Por último, y ante el apunte de la entrevistadora, que le recordó que la ciudad que aspiraba a regir concentraba la mitad de los ataques de odio contra la comunidad LGTBI que se dan en Galicia, respondió tajante y sin pudor: "No hay discriminación. No la hubo. En la mercería Otero, desde siempre, fueron varones a comprarse braguitas de mujer".
Discursos que han llegado incluso al Congreso de los Diputados. La portavoz ultraderechista María Ruiz Solás se pronunciaba así sobre el "alarmante aumento de los casos de homosexualidad y transexualidad", y los achacaba al "adoctrinamiento sufrido por los menores de edad":.
Diputada de Vox hablando del “alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad”. Luego dicen que nos son homófobos. pic.twitter.com/oi8G3QgJRQ
— Alán Barroso (@AlanBarrosoA) February 16, 2023
Premisas de esta clase están irrumpiendo con fuerza en la opinión pública española y en las instituciones, con los peligros que ello conlleva. Castilla y León y la Comunidad Valenciana son los dos gobiernos autonómicos en los que Vox tiene poder decisor y en los que ya se han impulsado medidas dañinas para el colectivo LGTBIQ+ y para los derechos de las mujeres. Parlamentos autonómicos como el aragonés, el valenciano o el balear también han quedado bajo la presidencia de la extrema derecha, y a su vez, ayuntamientos como Gijón, Ponferrada, Móstoles, Burgos, Valladolid, Talavera de la Reina, Guadalajara, Alcalá de Henares, Toledo o Elche, entre otros cientos de menor tamaño, han sido testigos de la toma de posesión de políticos de ultraderecha en sus concejalías. Unos escenarios que podrían repetirse a nivel nacional tras las generales del 23 de julio, consolidando definitivamente el retroceso en derechos sociales si se derogan leyes, eliminan símbolos e invisibilizan violencias.
"No voy al Orgullo porque soy heterosexual"
Con esta frase se pronunciaba el máximo dirigente de Vox, Santiago Abascal, al respecto de la manifestación del Orgullo. Como si ser heterosexual fuera un impedimento para defender los derechos del colectivo LGTBIQ+. Como si hubiera un chequeo en la entrada que vetara el paso a las personas que no pertenezcan al colectivo, o como si no hubiera heterosexuales dentro del mismo por parte de las personas trans. Como si para defender una causa justa tuvieras, obligatoriamente, que formar parte de ella. ¿Es necesario ser mujer para apoyar una manifestación feminista y ser consciente de su importancia? ¿Es necesario ser negro para posicionarse en contra del racismo? ¿Es necesario ser extranjero para reconocer y condenar el maltrato que sufren los inmigrantes?
El privilegio, del que gozan Abascal y todas aquellas personas que como él son blancas, heterosexuales y ostentan una buena situación socioeconómica, puede servir para dos cosas: para que tu voz sea más escuchada que la de aquellos que no gozan de él y darle un mayor alcance a causas justas, o, por contra, para tirarle piedras a todo aquello que choque con esa posición de privilegio, y procurar que nada ni nadie se atreva a alterarla. No apoyar el Orgullo por el simple hecho de "ser heterosexual", aunque pueda parecer un acto sin mayor importancia, lanza un claro mensaje político: la completa incapacidad (o desinterés, o ambas) de ponerse en la piel del vulnerable, del distinto, de empatizar lo más mínimo con aquellos que sufren problemas que uno no tiene. ¿El mantra? "Si a mí me va bien y yo no tengo esos problemas, ¿qué más me da que los sufran el resto?". Una concepción egoísta, vertical e injusta de las sociedades, que, por otra parte, representa a las mil maravillas la idiosincrasia de los partidos políticos neoliberales y de extrema derecha.
La situación en la que se encuentra el país, con una elevada tensión política y con un retroceso en derechos sociales amenazando a la vuelta de la esquina, convierten este Día del Orgullo en una reivindicación más que necesaria. Toca salir a defender lo que ya es de todos y por lo que se ha peleado con sangre, sudor y lágrimas durante décadas. Por los que ya no están, y por los que pueden y podrán estar gracias a los avances conseguidos, mantenerse firme contra el odio y la LGTBIfobia se convierte en una responsabilidad no solo social, sino también política.
