La Casa Cornide está en el epicentro de una disputa entre los Franco y el Ayuntamiento de A Coruña. La familia del dictador tiene en sus manos este palacete del siglo XVIII desde hace 62 años, tras una operación que acabó con el inmueble a nombre de Carmen Polo a un precio bajo. La transacción les convierte en “propietarios de buena fe” del enclave. O al menos esa es la opinión de los Franco, sujetándose en que durante seis décadas lo han utilizado de forma “pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños” sin que el Consistorio mediase o realizase una reclamación sobre su propiedad. Sin embargo, la Corporación municipal, en manos de PSdeG y BNG, ha movido ficha recientemente para intentar anular aquellos acuerdos que entregaron las llaves del inmueble a los Franco durante la dictadura.
El edificio está situado en el centro de la ciudad de A Coruña y fue adquirido, a través de una puja pública, por Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa y próximo al régimen franquista en el año 1962. No obstante, fue entregado por tan sólo 25.000 pesetas a Carmen Polo al poco tiempo de adquirirlo. Un proceso de compraventa sobre el que el Ayuntamiento de la ciudad ha puesto el foco para anular aquellos acuerdos de transacción en plena dictadura. Un hecho similar al sucedido con la recuperación del Pazo de Meirás, que tras años de disputas se recuperó para los gallegos y españoles. Sin embargo, los nietos del dictador no dan su brazo a torcer y se proclaman, a través de un comunicado, “dueños por derecho” tras haber hecho usufructo del mismo en los últimos 62 años.
El proceso administrativo entre las partes continúa y confrontan en su visión del asunto. Arrancó el conflicto en 2021, cuando el Ayuntamiento dio el primer paso para solicitar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), algo que llegó dos años después, en el 2023. Esta declaración obliga a establecer un régimen de visitas abierto al público que están retrasando e incumpliendo, según denuncian desde el Consistorio. Sin embargo, los Franco entienden que los movimientos del Ayuntamiento responden a un “evidente oportunismo político”.
La familia del dictador se acoge a un auto de la Audiencia Provincial de A Coruña con respecto al Pazo de Meirás, para alegar que la “mala fe no se traslada a los herederos necesariamente” y para reiterar que la propiedad del inmueble habría sido adquirida por “prescripción adquisitiva”. No obstante, y he aquí uno de los principales escollos de la cuestión, el Ayuntamiento coruñés asegura que la Casa Cornide es un palacio que perteneció a la familia del geógrafo José Cornide y que este, a su vez, lo legó como donación al Consistorio.
Los Franco lo niegan
Durante la dictadura esta construcción salió a subasta pública, lo que para muchos historiadores es una "maniobra fraudulenta y amañada" que tenía el único objetivo de entregársela a Franco para que este pudiera pasar días en la ciudad sin tener que abrir Meirás. Sin embargo, no fue una adjudicación directa, sino que fue el empresario Barrié de la Maza quien se hizo con el inmueble para "venderlo" a la familia del dictador por una cantidad simbólica. Al menos así lo recoge El Confidencial citando a fuentes municipales.
La visión de los Franco, en cambio, toma otros derroteros. Los nietos del dictador alegan que no hubo “ningún perjuicio para el Ayuntamiento” en el proceso de compra y venta que motive esta revisión de los acuerdos. Subrayan que no hay pruebas concluyentes de que la Casa Cornide fuese una donación de la familia del geógrafo al Ayuntamiento de A Coruña. “La única realidad acreditada es que dicho inmueble pertenecía, a principios del siglo XX, con carácter privado, a un particular y fue este a quien se le adquirió el Estado en el año 1949, mediante compraventa para ser destinado a Conservatorio de Música”.
Sin embargo, continúan, nunca se destinó a tal uso al entender, siempre según los Franco, que no era “apta para dicha actividad”. Aseguran que el Consistorio "realmente lo que pretende es incorporar al patrimonio municipal un inmueble que únicamente estuvo en su poder apenas un mes" y "de forma instrumental" para dar paso a su subasta. "Nunca fue la intención del Ayuntamiento ostentar la propiedad de dicho inmueble, ya que el mismo solo fue permutado para su posterior enajenación mediante subasta", dicen en el escrito.
