El Gobierno ha censurado la carta remitida por el Partido Popular enunciando sus condiciones para retomar las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. A primera hora de este viernes, el vicesecretario general Institucional del PP, Esteban González Pons, ha enviado una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para recuperar las conversaciones después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, amagara con dimitir en “cuestión de semanas” si no se desbloquea la situación. Lesmes urgió a la renovación y exigió a PSOE y PP que no se impusieran condiciones y que se atendiera al actual sistema, llegando incluso a proponerse como mediador. Pese a las advertencias, Génova mantiene la misma posición y los socialistas censuran que la carta no sea sino un gesto de “cara a la galería”.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha respondido al telegrama de Pons lamentando que se trata de un “intento de aparentar de cara a la galería”, puesto que, si quisieran “renovar de verdad”, pueden telefonearle y “en una tarde” se concretaría. Fue la ministra de Trabajo, Pilar Llop, la que recogió el guante de Lesmes y apenas unos minutos después del discurso en la apertura del año judicial, ofreció a Feijóo renovar el CGPJ en 24 horas si le informaban de sus candidatos.

El jefe de la oposición rehusó, esgrimiendo que no era una cuestión de nombres sino de perfil y currículum. Las condiciones siguen siendo las mismas: todo queda supeditado a una reforma del sistema de elección. “El documento está lleno de líneas rojas y condiciones”, ha afeado Bolaños, quien pide respeto por el funcionamiento del sistema para que los magistrados puedan trabajar “con tranquilidad y sin presiones”.

Llop ha calificado la maniobra de una “nueva vuelta de tuerca” que “se está quedando ya sin rosca”. “La goma se ha estirado hasta el límite”, ha remachado. "Esa carta no es un gesto, sino que es una nueva manera de enredar y de confundir a los ciudadanos, ahora por escrito. Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país saben que hay que cumplir con la Constitución y que el único culpable de que no ocurra la renovación del CGPJ es el PP. Que se dejen de cartas de cara a la galería”, ha abundado. A juicio de Llop, “sería muy injusto” que Lesmes y otros vocales del Consejo tuvieran que dimitir “por la sola acción y la culpa del PP”.

Las condiciones del PP

En la carta, Génova insiste en que no renunciarán a “promover una reforma legislativa” para “que los jueces elijan a los jueces”; imponiendo, así, una serie de requisitos al PSOE. El primero de ellos es que las negociaciones se lleven a cabo en las Cortes Generales. En esas conversaciones, no se podrán proponer jueces que no cuenten con el respaldo de sus compañeros para ser candidatos. Una vez elegidos, serán ellos mismos los que escogerán quienes decidan a su presidente, sin mandatos u órdenes externas. También serán los propios magistrados los que hagan lo propio con el Tribunal Constitucional.

“Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española”, recoge la misiva. Traducido al sincerolés, el PP insiste en condicionar la renovación a la modificación del sistema de elección, haciendo caso omiso al reclamo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

La propia carta de Pons recoge varios de los preceptos que debiera incluir la proposición de ley. En primer lugar, exige que se devuelvan las competencias al CGPJ para que pueda seguir tomando decisiones aún estando en funciones. Pide regular las “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ aquellos vinculados con la política en los últimos cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos a Tribunal Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial.

Además, se pide una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado y un informe elaborado por el nuevo CGPJ en un plazo de seis meses a contar desde su toma de posesión con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, de manera que los propios jueces participen de la designación.

En definitiva, el PP mueve ficha con el envío de la carta, pero no se mueve un ápice de su posición, que sigue siendo la misma pese a las advertencias de Bruselas y Lesmes: supeditar la renovación del CGPJ a una reforma del sistema para que los jueces elijan a los jueces. Lo mismo que planteaba Pablo Casado.

Querida Europa…

Bolaños no ha sido el único que ha amanecido con correspondencia en el buzón. El PP ha informado por carta a la vicepresidenta Věra Jourová y al comisario Didier Reynders de la propuesta que han trasladado a Moncloa. “A ambos dirigentes comunitarios les hemos manifestado nuestra vocación de avanzar en la despolitización del sistema judicial, de acuerdo a los parámetros fijados por parte de la Comisión. Y quedamos a la espera de respuesta del Gobierno de la Unión Europea”, señalan fuentes del PP.

Conviene recordar que Europa ya pegó un tirón de orejas a España por este asunto y sí, pidió profundizar en la independencia judicial, pero también estableció como “prioridad” la renovación del CGPJ.