El Partido Popular mueve ficha, pero no cambia nada. El amago de dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, debilitó la posición de un Alberto Núñez Feijóo que optó por mantener el bloqueo a la renovación del CGPJ pese a la oferta del PSOE. Este viernes, el vicesecretario general Institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para retomar las negociaciones. Eso sí, supeditadas a una serie de condiciones, precisamente, lo que Lesmes pidió evitar para encarrilar las conversaciones.

Durante su intervención en la apertura del año judicial, Lesmes afeó a los populares que condicionaran las negociaciones sobre el CGPJ, instando a acometer la renovación sin requisitos y con el actual sistema. El PSOE recogió el guante. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se comprometió públicamente a renovar el órgano de gobierno de los jueces en 24 horas si Génova les trasladaba sus candidatos, pero el PP rehusó la oferta esgrimiendo que no era una cuestión de nombres. Una vez más, las negociaciones encallaron. Hasta este viernes.

Esteban González Pons, el hombre designado por Feijóo para comandar las conversaciones sobre el CGPJ, ha remitido una carta a Félix Bolaños con sus condiciones para la renovación. En un encomiable ejercicio de contorsionismo político, el vicesecretario general Institucional del PP garantiza que “compartimos la preocupación enunciada ayer por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y antes por la Comisión Europa sobre la situación en la que se encuentra la Justicia Española” mientras obvia que Bruselas precisó que la “prioridad” debía ser renovar el CGPJ con el actual sistema y Lesmes urgió a no condicionarla a reformas posteriores.

Con todo, Génova insiste en que no renunciarán a “promover una reforma legislativa” para “que los jueces elijan a los jueces”; imponiendo, así, una serie de requisitos al PSOE. El primero de ellos es que las negociaciones se lleven a cabo en las Cortes Generales. En esas conversaciones, no se podrán proponer jueces que no cuenten con el respaldo de sus compañeros para ser candidatos. Una vez elegidos, serán ellos mismos los que escogerán quienes decidan a su presidente, sin mandatos u órdenes externas. También serán los propios magistrados los que hagan lo propio con el Tribunal Constitucional.

Condición sine qua non

“Simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta, por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española”, recoge la misiva. Traducido al sincerolés, el PP insiste en condicionar la renovación a la modificación del sistema de elección, haciendo caso omiso al reclamo de presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.

La propia carta de Pons recoge varios de los preceptos que debiera incluir la proposición de ley. En primer lugar, exige que se devuelvan las competencias al CGPJ para que pueda seguir tomando decisiones aún estando en funciones. Pide regular las “puertas giratorias”, impidiendo que los magistrados elegidos para cargos políticos pudieran reingresar al servicio activo hasta pasados dos años. No podrán ser nombrados vocales del CGPJ aquellos vinculados con la política en los últimos cinco años inmediatamente anteriores, los altos cargos deberán ser nombrados por mayoría de tres quintos y los candidatos a Tribunal Supremo habrán de acreditar 25 años de servicio en activo en la carrera judicial.

Además, se pide una profunda reforma de la Fiscalía General del Estado y un informe elaborado por el nuevo CGPJ en un plazo de seis meses a contar desde su toma de posesión con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, de manera que los propios jueces participen de la designación.

En definitiva, el PP mueve ficha con el envío de la carta, pero no se mueve un ápice de su posición, que sigue siendo la misma pese a las advertencias de Bruselas y Lesmes: supeditar la renovación del CGPJ a una reforma del sistema para que los jueces elijan a los jueces. Lo mismo que planteaba Pablo Casado.