Javier Milei tiene este miércoles 24 de enero un examen fundamental para su gobierno: enfrentarse a su primera huelga general. Esta convocatoria no solo supone un cerrojazo del pueblo de Argentina a las políticas del polémico ultraderechista, que ha dicho "no" a las decisiones de recortes en derechos para los trabajadores, sino también una prueba de fuego para un Ejecutivo que no tiene ni 50 días de vida. La convocatoria se produce la misma semana que la Cámara de los Diputados va a acelerar la tramitación de la conocida como "ley ómnibus", una norma que recoge multitud de reformas neoliberales así como más represión para las manifestaciones. La pretensión de este proyecto es convertir el derecho a la protesta en un delito bajo la justificación del "entorpecimiento al tránsito".

Huelga general contra Milei

Esta semana, el ultraderechista Milei tiene dos cosas en agenda, un paro general con sendas manifestaciones convocado por los sindicatos y la puesta en marcha de la ley ómnibus. Lo primero es un récord, ya que es la primera vez que se va a producir una huelga que se espera masiva y multitudinaria contra un Gobierno en cuanto a tiempo de vida. El Ejecutivo solo tiene a penas 45 días de existencia desde su encumbramiento como presidente el pasado 10 de diciembre. Lo segundo va en la línea del golpe a los bolsillos de los trabajadores y los derechos de los argentinos -tanto a nivel social, laboral ycomo político- que lleva ejecutando desde su llegada a La Casa Rosada.

La convocatoria -bajo el eslogan La patria no se vende- ha sido lanzada por la Confederación General del Trabajo (CGT), de corte peronista, y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, también peronistas, progresistas y de izquierdas, para protestar contra las medidas impulsadas por la Administración de Milei en el poco más de un mes al frente. Sindicatos y comisiones obreras trotskistas tienen previsto participar. Y lo van a hacer desafiando al poder en el marco de una norma que contempla penas efectivas de cárcel por manifestación. Concretamente por cortar avenidas en un grupo a partir de treinta personas en los márgenes de una manifestación para la que se tiene que solicitar un permiso explícito.

Una 'ley ómnibus' contra las manifestaciones

Este permiso se tiene que pedir al Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, quien ya estuviera en el mismo cargo con Mauricio Macri, cuando ya se produjo una marcha similar a finales del año 2017. Entonces el Ejecutivo consevador aprobó una subida de las jubilaciones, lo que supuso una caída en el poder adquisitivo. De la protesta por ello salió una represión desmedida que dejó decenas de personas heridas y muchos detenidos. Ahora Bullrich insiste en intentar espantar a los potenciales manifestantes del paro de este miércoles, a quienes ha advertido de que va a tomar fuertes medidas para los padres que lleven a sus niños, quiere pasar la factura de los operativos policiales a sindicatos y colectivos sociales, y amenaza con cárcel a quienes se tapen la cara o corten las calles.

El protocolo "antipiquetes", y el marco de la ley ómnibus, eleva el tono y las expectativas de lo que este 24 de enero pueda suceder en el centro de Buenos Aires. Algunos expertos sostienen que tanto este plan como el texto del proyecto de ley supone convertir la protesta, lo cual es un derecho constitucional, en un delito bajo la tipificación de 'entorpecimiento al tránsito'. Esto ha llevado al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha impulsar peticiones a los tribunales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra estas medidas dado que entienden que van en contra de la libertad de expresión, reunión y manifestación. Cabe destacar que este proyecto de ley también apuesta por una suplantación virtual del Congreso por el tiempo de un año.

Plan para sortear la represión

Ante esta situación, los sindicatos y convocantes han emprendido una campaña para organizar las protestas que cuenta con sendas recomendaciones a los participantes para evitar que existan elementos que pueda justificar una detención. Entre estas apelan a que los extranjeros no se sumen a las marchas, dado que estos podrían ser blanco especial de la policía, insisten en acudir en grupo o llevar un pañuelo en la cara para complicar la identificación. Ante el elevado calentamiento de la protestas, sendas organizaciones de derechos humanos tienen previsto colocarse en las esquinas de algunas calles y han difundido teléfonos de abogados a los que acudir en caso de detenciones.

Desde la Administración central pretenden acabar con lo que en Argentina es una forma de expresión habitual en la política, y cargan contra los potenciales manifestantes bajo los descalificativos de "vagos", "choriplaneros" o "violentos". Con todo, Milei -que ha bajado considerablemente en las encuestas desde su llegada al poder- sigue recabando cierto apoyo en algo menos de la mitad de la población, por debajo del 56% que cosechó en las urnas el pasado 19 de noviembre. Y es que las medidas aprobadas y las que pretende llevar a término no han gustado a parte de unos votantes que confiaban de forma desesperada en el cambio.

Milei pretende llevar una rebaja hasta mínimos históricos del impuesto a la riqueza, la privatización de grandes empresas como Aguas y Saneamientos Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino; la venta de los activos en grandes empresas del fondo estatal de jubilaciones; el levantamiento de restricciones para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento externo a gran escala; eximir de responsabilidad penal a los policías o cualquier persona que ejecute a un delincuente así como casi hacer desaparecer el derecho a la protesta. Cabe destacar que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Argentina dejan a "32 personas asesinadas" en este nuevo gobierno, según datos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

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