Argentina se encuentra envuelta en tiempos convulsos. Esta semana, el Gobierno de Javier Milei, el anarcocapitalista recientemente elegido como presidente, anunciaba una batería de medidas para liberalizar al máximo la economía del país. 350 políticas con un objetivo común: reducir el gasto público y el déficit fiscal, con una apuesta ciega por la competitividad del más salvaje libre mercado como modelo en las antípodas de cualquier mínima regulación estatal. Una de las medidas más llamativas de las anunciadas, y que supone un flagrante retroceso en uno de los pilares más interiorizados de las sociedades modernas, como es que los trabajadores ganen dinero por su trabajo, es la que permitirá que los contratos que se firmen puedan conllevar el salario en cualquier tipo de moneda e incluso en especies, como por ejemplo carne o litros de leche.

Esta rocambolesca medida, que hace regresar al país patagónico a los tiempos del trueque, ha sido confirmaada por la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, en un mensaje publicado en la red social X, antes Twitter. "Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin", ha publicado la economista en un primer mensaje en el que deja claro que las criptomonedas y otras divisas, tengan curso legal en Argentina o no, podrán servir como sueldo: dólares, yuanes chinos, dongs vietnamitas, euros... hasta donde llegue la imaginación. 

Seguidamente, también ha añadido que en el país se permitirá la retribución en otros bienes que no sean dinerarios, como "kilos de novillo o litros de leche". Un regreso al trueque y a la anarquía capitalista que, en esencia, supone un importante retroceso en los derechos de los trabajadores en pos de flexibilizar la actividad económica hasta límites pocas veces vistos. Recordar que a comienzos de siglo, se aplicaron políticas similares en este país como consecuencia de los fuertes retrocesos del peso argentino, que terminaron desencadenando en el corralito y, por consiguiente, en la disminución del dinero en circulación, agudizando todavía más una crisis que motivó el abandono de la presidencia de Fernando de la Rúa.

 

Graves retrocesos en los derechos de los trabajadores

Aunque la desregulación completa de los salarios es la medida que más llama la atención de la recién estrenada administración del ultraliberal, evidentemente no es la única que va a suponer o ya ha supuesto nuevos problemas para la clase trabajadora argentina. En concreto, el decretazo de 350 medidas aboga por la privatización de empresas públicas, la eliminación de derechos laborales, la desregulación de los alquileres e incluso, la persecución y sanción económica a aquellas personas que dedican manifestarse pacíficamente.

En cuanto al déficit fiscal, principal fantasma a batir en Argentina, Milei ha aplicado una fórmula que conocemos de primera mano en España: el déficit lo paga el pueblo y las empresas se benefician de la crisis, con medidas como las expuestas. Pagar a un trabajador en leche siempre será más barato para la empresa que ofrecerle un sueldo digno. "El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer", argumentó el presidente en la televisión argentina, en una intervención en la que relató 30 de las 350 medidas que entrarían en vigor sin ser sometidas a votación alguna en la Cámara nacional.

A su vez, destacar que la clase trabajadora argentina ya ha experimentado una subida de sus impuestos (a pesar de que Milei expresara durante la campaña que haría lo contrario). En el mismo sentido, las familias menos pudientes han quedado a merced de los abusos del mercado de la vivienda y de la especulación que puedan sufrir los productos de primera necesidad, al ser eliminadas las Leyes de Alquileres y de Abastecimiento. Además, con las reformas laborales introducidas, también ha quedado eliminada la indemnización por despido, que ha sido sustituida por un fondo de recarga voluntaria (es decir, para quien pueda permitírselo) y excluyendo bonificaciones salvaguardadas por la Justicia. También se ha ampliado el periodo mínimo de prueba de los trabajadores al doble, y se han eliminado las sanciones a las empresas que no den de alta a sus empleados en la Seguridad Social.

Tras un mes en el cargo, ha quedado claro el signo de este Gobierno: el carácter ultraliberal y desregulador del Ejecutivo ya está poniendo en peligro derechos fundamentales de las mayorías sociales del país. A su vez, el anarcocapitalista ha advertido que no frenará aquí su recorte de derechos y su entrega de Argentina a las empresas, a los abusos laborales, a la divisa extranjera y al trueque, avisando que perseguirá a todos aquellos que se atrevan a alzar la voz contra los recortes en derechos. "Hoy es un día histórico para nuestro país”, expresó el dirigente de La Libertad Avanza. Y con razón.