El Partido Popular ha iniciado una maniobra para negar la mayor y culpar a Pablo Iglesias del escándalo de las residencias en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ordenó a las residencias no hospitalizar a mayores en plena pandemia del coronavirus. Los protocolos enviados a los centros, que al menos serían cuatro, podrían tener incluso recorrido judicial ya que, como reconoce el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) en uno de los correos filtrados, se les condenó a morir en condiciones indignas. Pablo Casado ha dado instrucciones a sus cuadros para que recurran al bulo de que las competencias de los centros de mayores pertenecían al vicepresidente segundo aún a sabiendas de que es rigurosamente falso. La documentación oficial demuestra que la orden salió del Ejecutivo regional y la situación se agrava al trascender que la oposición pidió a Ayuso a mediado de marzo que evacuara las residencias, pero se negó.

Según han informado fuentes de Más Madrid consultadas por ElPlural.com, le propusieron que los ancianos fueran evacuados pero “nos dijeron que no”.

Las mismas fuentes aclaran que el Ejecutivo de Ayuso les informó de que optarían por “medicalizarlas”, pero finalmente “ni lo uno ni lo otro”.

“Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo”. Con estas palabras, pronunciadas por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, el Gobierno de Ayuso prometió que enviaría médicos a los centros de mayores. Pero estos nunca llegaron.

Ayuso les informó de que optarían por “medicalizarlas”, pero finalmente “ni lo uno ni lo otro”

Las residencias de mayores se erigieron como uno de los principales focos de riesgo desde el inicio de la pandemia del coronavirus en España, especialmente acusada en la Comunidad de Madrid. El Ejército llegó a hallar halló cadáveres sin notificar. Las cifras eran alarmantes y la oposición puso dos opciones sobre la mesa para atajar la crisis: evacuación de los mayores o medicalización de residencias.

La retirada de competencias por parte de Ayuso a Reyero es la evidencia palpable de que la responsabilidad no recaía en Iglesias, sino en ella misma

Residencias en estado lamentable

Las condiciones en los centros de mayores eran inasumibles. Ante la falta de personal, había auxiliares que acudían a trabajar en sus días libres por “37 euros brutos al día”, tal y como denunció Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, en declaraciones a ElPlural.com.

La residencia Parque Coímbra, sita en Móstoles, fue un claro ejemplo de la situación límite. El número de residentes era aproximadamente de 200, mientras los auxiliares apenas llegaban los 16, lo que daba una media superior a 12 ancianos por cada trabajador. Fuentes del sector consultadas por este periódico apuntan que “lo ideal es no superar los cinco residentes, pero depende de las necesidades de cada uno. Como mucho, serían ocho”.

División Ayuso-Aguado

La gestión de la crisis en las residencias formaba parte del abanico de competencias de Ciudadanos, con Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, al frente. Reyero consideró necesaria la ayuda del Ejército para atender las residencias, pero Ayuso se interpuso: “No se va a hacer”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, orden ministerial mediante, le retiró la potestad de los centros de mayores a sus socios naranjas. Un desencuentro que no fue sino el preludio de lo que se avecinaba: la fractura casi total del Gobierno.

La retirada de competencias por parte de Ayuso a Reyero es la evidencia palpable de que la responsabilidad no recaía en Iglesias, sino en ella misma.

Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid consultadas por ElPlural.com confirman que “no se mediacalizaron residencias” porque “no hay respiradores y no se puede atender a tanta gente. No son hospitales”.

El bulo de las residencias

El PP ya juega la carta de que Iglesias era el responsable de las residencias para salvar a Ayuso, pero la maniobra tiene poco recorrido ya que es rigurosamente falso, pues las competencias siempre han sido de las comunidades autónomas.

Así figura en el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid del año 1983, donde figura que el Ejecutivo regional será el encargado de la “promoción y ayuda a la tercera edad [...] incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

Además, el Real Decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo especificaba en su artículo 6 que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma”. En otras palabras, la gestión de los centros de mayores siempre fue competencia del Gobierno de Ayuso.