El pasado viernes este diario publicó que el presidente del PP de la provincia de Zaragoza y “hombre fuerte” de Pablo Casado en Aragón, Javier Campoy, habría omitido en el registro de Intereses de las Cortes de Aragón y en su declaración de bienes tres de las cinco empresas en las que aparece como administrador en el Registro Mercantil. En conversación con ElPlural.com Campoy aportó pruebas documentales de que dos de esas empresas habían sido vendidas o absorbidas, pero que no llegó a informar a las Cortes de la tercera no declarada, la empresa de comercialización de frutas y verduras Madelmun S.L. porque uno de los letrados de la cámara regional le habría aconsejado que, dado que la legislatura estaba a punto de acabar (el viernes fue el último pleno), no merecía la pena informar del cambio.

Y también con la presencia de un letrado justificó haber dejado en blanco su declaración de actividades, donde debería haberse hecho constar su actividad empresarial, incluso aunque no recibiera ninguna remuneración por ella.

Hay que declarar hasta las actividades no remuneradas

ElPlural.com ha preguntado a este respecto a las Cortes, donde están lejos de confirmar la versión de Campoy: “El Reglamento de las Cortes de Aragón establece en su artículo 41.2, que la declaración de actividades incluirá cualesquiera actividades que el declarante ejerza y que, conforme a lo establecido en la legislación vigente, puedan constituir causa de incompatibilidad y, en general, las que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos”, explican. Así desde el Registro de Intereses, que depende de la Letrada Mayor de las Cortes, se informa siempre a los diputados de que “tienen obligación de declarar todas las actividades que realizan, sean remuneradas o no”.

Y es que el objeto de la declaración no es sólo por incompatibilidad económica, sino por conflicto de intereses. “Siempre se les hace saber que tienen que declarar todas las actividades. Por ejemplo, hay que declarar hasta participaciones en tertulias si son permanentes en el tiempo” afirman desde la cámara aragonesa. Y, añaden, es habitual que se produzcan modificaciones en las declaraciones a lo largo de las legislaturas porque los parlamentarios entran a participar en “una fundación, en un colegio profesional, a colaborar en un medio, etcétera”.

Las Cortes no investigan los datos que se les proporcionan

Los diputados hacen una declaración responsable, esto es, que los únicos responsables del contenido son ellos mismos. Las Cortes de Aragón, además, no tienen los medios ni la obligación de contrastar los datos proporcionados por los diputados. En el caso de la sociedad GHZ (Gestión Hipotecaria Zaragoza), se concedió compatibilidad a Campoy porque declaró que su objeto social era "la prestación de servicios jurídicos, sin relación con el sector público". Algo que un vistazo al registro mercantil desmiente, dado que el objeto social es, literalmente, “contratar con Administraciones Públicas y especialmente con Ayuntamientos”.