La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el  Director General de la Guardia Civil "se precipita irreflexivamente en la apertura de un expediente disciplinario" al guardia civil que, presuntamente, grabó el vídeo del traslado de los presos independentistas. 

La agrupación considera las medidas adoptadas "desproporcionadas", y las achaca a "criterios de oportunidad política, que dejan de lado los derechos fundamentales de los guardias civiles". A su juicio se deja al agente "sin las garantías de la presunción de inocencia".

El integrante del cuerpo al que se le ha abierto un expediente por falta muy grave es afiliado de la AUGC y la entidad le ha trasladado su apoyo. Acusan al Director General del a Guardia Civil de privarle de "una mínima defensa" y de haber adoptado la decisión "sin audiencia y sin asistencia letrada"

En idénticas circunstancias de indefensión, sostienen, "se le suspende de funciones por tres meses, de tal forma que su carrera profesional y su imagen se ven muy severamente perjudicadas, sin que ni siquiera se le haya escuchado y permitido una mínima defensa".

AUGC considera "absolutamente lamentable"· que se consideren los hechos "falta muy grave de incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones y la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al rey y a las demás instituciones por ellas reconocidas”. Por ello, adelanta que va a defender al guardia civil suspendido con todos los medios a su alcance. "No vamos a consentir juicios sumarísimos ni que se pisotee la Constitución ni la presunción de inocencia. Somos ciudadanos y la Constitución que defendemos también nos ampara", subrayan. 

"Parece que para el Director General de la Guardia Civil los presuntos hechos relativos a un vídeo, son más graves o similares a los hechos que pueden motivar graves delitos contra el Estado de Derecho", denuncian, a lo que añaden que "esta situación solo puede entenderse desde la priorización de intereses políticos que deben ser ajenos a la gestión, imparcial y objetiva, de las funciones de quien está al frente de la Guardia Civil, que ha de velar por la defensa de los guardias civiles". "No hay mayor ataque a la disciplina que el uso de la potestad disciplinaria desde la desviación de poder y como herramienta política", insisten. 

Otros casos 

La Asociación asegura, además, que recientemente denunciaron que en la sierra de Cádiz un agente se significó públicamente contra  la Constitución y el ordenamiento jurídico desde posicionamientos políticos anti democráticos y no tuvo consecuencias.

A esto añaden otro ejemplo, el de los sucesos del 1 de Octubre en Cataluña, cuando, dicen, "toda España fue testigo de actitudes anti constitucionales, contra las leyes y las sentencias judiciales y ejerciendo una oposición activa a sus cumplimientos por parte de otros agentes de la autoridad, sin que se tomasen tampoco estas medidas desproporcionadas y ejemplarizantes que se han tomado en este caso".