En plena caída libre de las familias genovesas originales y genuinas tras hacerse pública su contabilidad B aprovechamos para publicar la 2ª entrega de las causas judiciales en las que decenas y decenas de cargos electos, cargos públicos y de sus diferentes ejecutivas entran y salen de los juzgados tras se reclamada su presencia por los titulares de los mismos. Para situarse recordaros que en la primera parte resumimos 8 causas y hoy os va la diferencia hasta las 15 seleccionadas. Sin más preámbulos estos es lo que hay: 7) Casos de Corrupción Esta investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en mayo de 2011, tras una denuncia del fiscal Anticorrupción se centra en determinar el alcance y destino final de 6 millones de euros otorgados durante los años 2008 y 2009 a diferentes ONG por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitad Valenciana durante la etapa del Consejero Rafael Blasco, en la actualidad diputado autonómico y hasta hace poco tiempo, Portavoz en las Cortes Regionales. La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales habría desviado 447.000 y casi 500.000 euros, para la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia que inicialmente estaban destinados para proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua. En estos momentos hay 27 imputados. Tras elevar la juez una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Rafael Blasco- ex Consejero del área ahora investigada, "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a quien era consejero cuando se produjo el fraude, el citado Tribunal Superior ha decidido su imputación por fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La imputación provocó la renuncia de Blasco a seguir como portavoz parlamentario, aunque continúa en su escaño. El Grupo Popular, que cuenta con 55 diputados en la Cámara, tras la imputación de Blasco, tiene 10 parlamentarios imputados 8) Caso Torrevieja El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ), el pasado 30 de noviembre del 2012, ha condenado a tres años de cárcel a Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, ex alcalde de Torrevieja durante 20 años. En la sentencia ha sido declarado culpable de falsedad en documento oficial y prevaricación. El entonces alcalde cometió los delitos en la adjudicación, en 2004, del mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja; el servicio de basura por 96 millones de euros en 10 años (que han acabado siendo más), a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios. La sentencia establece, además, la inhabilitación para ser alcalde o cargo electivo local durante siete años. El relevo en su puesto en las Cortes lo ha ocupado Elisa Díaz, hija del ex alcalde de Alicante y también diputado Luis Díaz Alperi, imputado en Brugal. 9) Caso Matas En este apartado se incluye varias causas judiciales en las que están imputados el ex Presidente de la Comunidad de Baleares y ex Presidente del PP, Jaume Matas así como numerosos altos cargos de sus gobiernos y dirigentes del Partido Popular. De todas ellas destacan las siguientes: PALMA ARENA. La causa arranca tras conocerse numerosas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena cuyos costes se elevaron 50 millones de euros por encima de lo previsto. Los principales imputados son el ex Presidente de la Comunidad de baleares y ex Presidente del PP Jaume Matas y su esposa, Maite Areal; el ex gerente de PP balear, Fernando Areal (su apoderado y cuñado de Matas) y los ex altos cargos del PP: José Luis (Pepote) Ballester, Dulce Linares, Jane King, Juan Martorell, María Umbert, Antonio Serra, Pedro Álvarez, Antonio Palerm, Jorge Moisés y Rafael Durán. También están imputados Miguel Romero, publicista del PP y del Palma Arena; Antonio Obrador (decorador de las casas de Matas); Luís y Jaime García-Ruiz (arquitectos del Palma Arena y de la sede del PP) y Miguel Ángel Rodríguez, ejecutivo de la UTE FCC-Melchor Mascaró. CASO NOOS. Forma parte del Caso Palma Arena y se está investigando, entre otros aspectos, dos contratos, por 1,2 y 1,1 millones, que suscribió el Gobierno de Jaume Matas en 2005 y 2006 con el Instituto Noos que se hicieron sin concurso y sin respetar la Ley de Procedimiento Administrativo, según la investigación judicial. El contacto del Presidente de Noos, Iñaki Urdangarin para conseguirlos fue el entonces director general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos que figuran en el sumario. También el juez investiga las ramificaciones de este caso en la Comunidad Valenciana. Están imputados 7 Altos Cargos de la Administración Autonómica: Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Jorge Vela, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que dimitieron de su cargo el 15 de mayo tras ser imputados. Asimismo también lo están , Elisa Maldonado, ex directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, María Ángeles Mallent, ex responsable jurídica de la misma entidad; José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel Zorio. 10) Caso espías Comunidad de Madrid Tras reabrir por segunda vez la Audiencia Provincial de Madrid este sumario contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a varios cargos del PP, entre otros a Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico y a Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, se han hecho públicas las declaraciones de un guardia civil en las que acusa a sus superiores de practicar espionaje a estos y a otros altos cargos o responsables políticos. El imputado acusa directamente al actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía o no en manos de Mariano Rajoy. Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón. La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra. Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante. En mayo 2012 se la ordenó su reapertura. 11) Caso ático presidente de la Comunidad de Madrid Tras varias denuncias del SUP, la titular del juzgado de instrucción número cinco de Estepona ha decidido investigar la propiedad del ático de lujo del que es propietario en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. En una Providencia fechada el 9 de enero 2013, la juez reclama a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria que le remita “toda la información fiscal” sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), ex propietaria del piso, de 500 metros cuadrados y sito en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. La juez da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción. Tras conocerse esta actuación judicial, el Presidente de la CAM informó a los medios de comunicación que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, en el que veranea desde hace años. Según las escrituras, el 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) es de la esposa del Presidente, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. El 20% restante, sería propiedad de González y le ha supuesto un desembolso de 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y, a ella, un 80%. El sueldo como Presidente asciende a 103.000 euros brutos al año, unos 4.800 netos al mes. Hasta su compra, figuraba como propietaria la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Hasta hacerse pública la escritura, Ignacio González había afirmado que solo era un inquilino. La Fiscalía Anticorrupción archivó en mayo del 2012 una denuncia del SUP en el mismo sentido. Además, el primer Comisario General de Policía Judicial nombrado por el Gobierno de Rajoy, Enrique Rodríguez Ulla, fue destituido por abrir una investigación secreta y oficial sobre este ático de lujo. 12) Caso Madrid Arena El 1 de noviembre de 2012 durante una fiesta multitudinaria en el recinto Madrid Arena, en plena Casa de Campo, tras una avalancha humana, murieron cinco jóvenes, una de ellas menor de edad. Gracias a las grabaciones tanto de las cámaras de seguridad como de los propios asistentes a la fiesta, se comprueba que se superó con creces el aforo permitido. En total, la Policía estima que durante la noche de Halloween había unas 23.000 personas en el Madrid Arena, más del triple de la cantidad (7.000) que en un principio informó la empresa Diviertt al Ayuntamiento de Madrid y más del doble de las entradas que la firma declaró haber vendido, 9.600. El titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid se hace cargo del caso. El concejal de Economía, Pedro Calvo, dimite tras ser imputado por ser presidente de Madrid Espacios y Congresos, la empresa pública municipal que alquiló el Madrid Arena para la fiesta. Lo hizo a pesar de que el pabellón no tenía licencia de funcionamiento y de que la organizadora acumulaba deudas con la Seguridad Social. Mantiene su condición de concejal. El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, cree que "todo apunta" a que el Ayuntamiento es responsable civil subsidiario de lo que ocurrió. La Delegada del Gobierno Cristina Cifuentes niega que diese el visto bueno a la fiesta porque no es de su competencia. El juez instructor imputa a otras siete personas, entre ellas varios cargos de confianza municipales. Se hace público que la alcaldesa Ana Botella se marchó de viaje de placer a Portugal el jueves 1, el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre, solo horas después de la muerte de las jóvenes. Sale a la luz que el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, fue quien ofició la boda de José María Flores, el administrador único de Diviertt y hermano del propietario de la empresa. El 9 de enero es destituido y/o dimite el Vice Alcalde Villanueva. 13) Caso Baltar. Diputación provincial de Ourense El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense admite a trámite la querella del fiscal contra el ex Presidente del PP en la provincia y ex Presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales. El origen de la querella está en una denuncia del PSG- PSOE a Baltar, que presidía. La querella incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste, persona a persona, del centenar de enchufados tras la información que le trasladó, en 2010, el PSOE provincial. La denuncia de “enchufismo” se basa en la “ausencia de publicidad”, esto es, de convocatoria de oferta pública, para optar a las plazas, incumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de selección de personal en las instituciones públicas. 14) Alcaldes capitales imputados SANTIAGO DE COMPOSTELA. En los primeros días de enero 2013, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha imputado al alcalde de Santiago, Ángel Currás, en la Operación Pokemon, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones de ayuntamientos gallegos a diferentes empresas, principalmente al Grupo Vendex. El regidor accedió al cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa acusado de un supuesto delito fiscal. Ángel Currás, se ha visto implicado en la Operación Pokemon después de la imputación hecha en esta causa a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, que prestó declaración en el mencionado juzgado lucense el pasado 20 de diciembre. VALLADOLID. Francisco Javier León de la Riva. Está imputado por la alteración irregular del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. Junto a León de la Riva están imputados siete concejales y ex concejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. Los indicios apuntan a que el PGOU de Valladolid se modificó por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico. Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla. MURCIA. Miguel Ángel Cámara. Imputado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia en el marco de la denominada Operación Umbra. Este caso comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL. En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra. 15) Varios EX ALCALDE DE SANXENXO Y DIPUTADO POR PONTEVEDRA. El juzgado de Cambados y la fiscalía han acordado remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del ex alcalde cuando ocurrieron los hechos. En la actualidad Martín, amigo personal del Presidente del Gobierno, es Diputado por Pontevedra. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras. La causa fue archivada. Casi tres años después, la Audiencia de Pontevedra ordenaba reabrir la investigación al encontrar un funcionario unos legajos en un anaquel del archivo que provocaron una nueva investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Telmo Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Blog Los Genoveses
