El Gobierno ha mostrado la voluntad de publicar los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad por la Iglesia Católica, una vez concluya el listado que está elaborando, y para ello el Ministerio de Justicia estudia la forma de hacerlo para respetar la Ley de Protección de Datos y la Ley Hipotecaria.

Según han explicado fuentes de Justicia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho pública su intención de dar a conocer esa lista de bienes inmatriculados por la Iglesia, pero lo hará, en su caso, conforme a las leyes.

En una respuesta parlamentaria al diputado del PSOE Antonio Hurtado, adelantada por la Cadena Ser, el Ejecutivo señala que “se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación” garantizando la legislación.

Decididos a publicarlos

El anterior Gobierno del PP había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inscripciones de bienes llevadas a cabo por la Iglesia en virtud de la Ley Hipotecaria, pero no había manifestado su intención de publicarla. Este paso que ha anunciado ahora el ejecutivo socialista, la intención de publicarlo, es decisiva, según ha explicado a EFE el diputado socialista.

Primer paso para reclamarlos

Hurtado ha subrayado la importancia de conocer el listado, porque “es el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio” español.

Una vez conocidos los bienes inmatriculados, instituciones y particulares que consideren que alguno de ellos es de su propiedad y han sido “indebidamente” registrados por la Iglesia podrán reclamarlos por la vía judicial, afirmó el parlamentario.

El parlamentario ha recordado que la reforma de la Ley Hipotecaria durante el Gobierno popular posibilitaba a la Iglesia registrar bienes “sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos” y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que “está en estos momentos a nombre de la Iglesia”.

Los obispos, a favor

Los obispos españoles han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”, ya que ni ellos disponen de esos datos.

“La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia”, ha asegurado en declaraciones a Efe el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Barriocanal ha recordado que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia Católica “que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles”.

Además, ha añadido que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años 90. “En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos”, ha asegurado.

La inmatriculación no es adquisición de la propiedad

Y ha considerado que el proceso de inmatriculación por certificación -procedimiento por el que las administraciones públicas territoriales y la Iglesia Católica pueden inmatricular sus fincas y acceder a la condición de titular registral- “no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien”.

“El acto de registrar no concede la propiedad; simplemente, la registra”, ha matizado Barriocanal, tras lo que ha explicado que “los bienes se adquieren a través de los sistemas que prevé la legislación con carácter general”.

Por tanto, a través de los mecanismos de inmatriculación por certificación previstos en la ley, que, según ha dicho, dejaron de ser operativos en 2015, “lo único que se procuró era dejar constancia de una realidad, que es anterior al propio acto de registrarla”. “En cualquier caso, la propia legislación prevé mecanismos para corregir los errores de dicho proceso”, dado que, ha insistido, “la inmatriculación no es un mecanismo de adquisición de la propiedad”.

Barriocanal ha opinado que los más de 3.000 bienes inmuebles de interés cultural que administran las instituciones de la Iglesia en España “aportan una riqueza, cultural, educativa, religiosa y, por supuesto, económica muy relevante”.

Y para demostrarlo ha hecho referencia al estudio publicado por la consultora PWC, según el cual “la puesta a disposición de la sociedad de dichos bienes aporta a la economía española unos 22.000 millones de euros al año, el equivalente al 2% del PIB”, ha concluido Barriocanal.