Aún son datos provisionales pero muy significativos ya que 2.023 bienes inmuebles habrían sido inmatriculados por la Iglesia Católica sólo en la comunidad autónoma de Aragón entre 1998 y 2015, fecha en la que terminó la potestad legal de la inmatriculación de bienes a nombre de Iglesia Católica mediante un autocertificado sin aportar ningún título de propiedad reconocido.

Esto son los datos oficiales que recoge la Asociación aragonesa Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) y a los que aún hay que añadir la información referida al periodo 1978 a 1998 (año de la Reforma Hipotecaria del Gobierno Aznar) , sumando a la lista  de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica de Aragón, aquellos cuya constancia documental obtuvo  MHUEL en sus indagaciones registrales de diferentes diócesis aragonesas y las ya públicas que aportó el Ayuntamiento de Zaragoza , todas anteriores a 1998 .

Estos datos muestran el expolio patrimonial masivo amparado en el silencio de una normativa inconstitucional que siguió vigente después de 1978, afirman desde la asociación aragonesa, “ante la dejación de los poderes públicos y la complicidad de la Jerarquía Católica”.

El portavoz para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal; D. Fernando Giménez Barriocanal reconoció en una entrevista que la Iglesia Católica de Aragón habría inmatriculado desde 1998 entre 30.000 a 40.000 bienes inmuebles.

Por esto, desde la MHUEL reclaman que el Gobierno de Aragón cierre cuanto antes el listado definitivo de bienes inmatriculados para examinarlos y proceder a su reclamación administrativa o judicial.

Recomiendan a los ayuntamiento y diputaciones que en caso de litigar judicialmente para recuperar un bien inmatriculado, se presente en el juzgado medidas prejudiciales elevando la causa a tribunales de orden europeo y así evitar la práctica de la justicia española de no entrar en el fondo de la cuestión en esta materia.

Además, también señalan una vez más que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) condenó al Estado Español por la práctica de las inmatriculaciones, cuestión que parece que nadie quiere tomarlo en serio.