El expediente, aprobado con el apoyo del PSOE, la abstención de Foro Asturias y el voto en contra del PP, señala que Fernández abandonó el cargo a pesar de que la Ley de la Sindicatura establece que, en caso de renuncia, los síndicos deben continuar en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión sus sucesores.

Asegura haber actuado "muy bien"
Durante la visita que este jueves ha realizado al mercado de El Fontán, en Oviedo, dentro de sus actividades de precampaña, Fernández ha asegurado sentirse "tranquila" ante la apertura del expediente al estar convencida de que actuó "muy bien" al haber presentado el pasado 10 de octubre su renuncia al cargo que ostentaba en el órgano fiscalizador, dependiente de la Junta General del Principado. "Cuando renuncio a trabajar, renuncio a cobrar porque desde pequeña me educaron en que cuando no se trabaja no se debe cobrar", ha añadido la candidata popular, que ha lamentado que, a pesar haber actuado "con mucha limpieza, muy correctamente y por el libro" al final "los enredadores sigan enredando".

Posible bloqueo al acceso al escaño
De prosperar el expediente, que ahora debe ser remitido al Consejo de la Sindicatura para que se pronuncie, Fernández sería llamada a comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara autonómica, que elaboraría después un dictamen sobre este asunto. Según fuentes parlamentarias, dicho dictamen debería ser aprobado por una mayoría cualificada de tres quintos del Parlamento regional -lo que haría necesario el respaldo de Foro Asturias dada la previsible oposición del PP- y podría incluso bloquear el acceso de Fernández al escaño al que opta en las elecciones generales.

Renovaciones paralizadas
El pasado 29 de abril la entonces presidenta de la Junta General, María Jesús Álvarez, aprobó las resoluciones de cese de Avelino Viejo, Mercedes Fernández y Antonio Arias como miembros de este órgano fiscalizador tras haber permanecido en el cargo los seis años que contempla la ley para este organismo. La Sindicatura es uno de los instituciones y organismos públicos dependientes de la Junta General o en la que ésta tiene representación, y entre los que figura la televisión autonómica, que aún no se han renovado para adecuarse al resultado de las elecciones del pasado 22 de mayor por la falta de acuerdo entre los grupos.