Fatima Ghailan, la supuesta víctima, que sigue trabajando en el consistorio  cunitense porque nunca fue despedida, ha estado de baja más del 50% del año y ha cobrado íntegramente su salario de las arcas públicas. Alegaba depresión por las coacciones que sufría. A nadie se le ocurrió pensar que Fátima “utilizó este caso para evitar su despido. No cumplía con sus obligaciones ni con la comunidad musulmana, ni con sus obligaciones laborales” afirma un trabajador del Ayuntamiento que prefiere el anonimato. “Con el lío que se montó nadie le podía tocar un pelo” concluye.

Protestas constitucionales
A nadie se le ocurrió pensar que las protestas de la asociación islámica contra un funcionario municipal son constitucionales, como ahora reza la sentencia de la Audiencia Provincial sobre la que no cabe recurso. Casualmente Fátima Ghailán trabaja sin problemas en el ayuntamiento de Cunit después de las elecciones municipales con el equipo de gobierno dirigido por CiU. A Mohamed Bem Brahim se le acusó de ser un capo que controlaba a toda la comunidad islámica de su población. Se le relacionó incluso con actividades salafistas. Fue acusado de no respetar la prohibición de alejamiento y la actual alcaldesa, la convergente Montse Carreras, y Alicia Sánchez Camacho, la líder popular, utilizaron el caso contra la alcaldesa socialista, Judith Alberich. Su hija Haffsa y el presidente de la Asociación Islámica de Cunit, Abderramán El Osri, también fueron condenados. Alicia Sánchez Camacho amagó con romper su pacto con los socialistas, cosa que nunca ocurrió pero se reunió con Fátima y montó un mitin a Rajoy en Cunit. La actual alcaldesa exigió en el pleno municipal que se rechazara como interlocutores a los líderes musulmanes ahora absueltos. Ni a Sánchez Camacho ni a Carreras les importó que la sentencia estaba recurrida y que la comunidad islámica les seguía prestando su apoyo.

Instrucción irregular
El juez instructor narró unos hechos deplorables. Una pobre chica musulmana acosada por conducir, hablar con españoles y no llevar el velo islámico. A partir de aquí se estableció una historia que ponía los pelos de punta. Poco valió la versión esgrimida por los acusados. Se les condenó. Poco valió la mediación de la entonces alcaldesa de Cunit, Judith Alberich, entre la comunidad musulmana y la trabajadora municipal. A ella se la vilipendió por “ser amiga de los musulmanes” y se le acusó de dar cobertura a los líderes de la comunidad. Incluso más, se le acusó de darles un trato de favor.  Algunos medios de comunicación hicieron su trabajo con un juicio paralelo. Todos fueron condenados. Un año después, la Audiencia Provincial de Tarragona considera que la instrucción del caso fue irregular, que los hechos no están demostrados y anula la condena.

"Por fin se acaba la pesadilla"
Haffsa Bem Brahim acude a la cita con este periodista en una céntrica plaza barcelonesa. Se expresa en un más que correcto castellano y catalán. Está acabando sus estudios y hecho prácticas de farmacia en el Hospital de Sant Pau pero los recortes la han condenado al paro y a presentar currículos en multitud de farmacias. “La cosa está mal pero no hay que perder la esperanza. La sentencia nos ha hecho recobrar la ilusión. Por fin se acaba la pesadilla”.

"Sólo interesaba el eco mediático"
Se expresa con toda naturalidad. Su apariencia externa no difiere de la de una chica de su edad, 22 años. Tejanos, blusa, unos pendientes llamativos y un colgante. Se toma un refresco. Le pregunto sobre el Ramadán. Se sonríe. “Tengo la regla. De momento estoy exenta”.  Cuando se le pregunta sobre los hechos sus ojos negros se hacen penetrantes. “Fue tremendo. Éramos acusados y condenados sin que se nos escuchara. El juez no me preguntaba por lo que me pasó, sólo quería saber si me obligaba mi padre a ponerme velo o cosas por el estilo. Hasta tuve que decirle en la vista a la fiscal que me llamaba Haffsa Bem Brahim no hija del imán de Cunit. Al juez sólo le interesaba el eco mediático. Nunca le interesó saber la verdad.”

"Fue un montaje, fue un calvario"
Ahora, un año después la Audiencia Provincial de Tarragona revoca la sentencia y absuelve a los acusados. La abogada, María José Canals, estudia ahora pedir una indemnización a la trabajadora municipal y una rectificación pública. “Se ha acometido un atropello. Por el hecho de ser musulmanes nos hace culpables. Fátima se hizo la víctima y todos le dieron la razón. Fue todo un montaje en el que participaron el juez, los partidos políticos y los medios de comunicación. Estábamos sentenciados antes de empezar. Fue un calvario. Yo dejé de estudiar y  nos tuvimos que marchar de Cunit. Esa señora se acercaba a nosotros y nos acusaba de no cumplir con la orden de alejamiento. Entonces nos llamaban los Mossos. Fue todo un sin vivir. Ahora las cosas vuelven a su sitio” dice Haffsa que vuelve a sonreír cuando afirma “ahora me sacaré el carnet de conducir. Tuve que dejarlo, pero ahora me lo sacaré. Al juez le dije que me sacaría el carnet cuando tuviera la edad. A él sólo le interesaba saber si mi padre me dejaba conducir. No me quiso escuchar cuando le dije que acababa de cumplir los 18 años. Así fue todo el proceso”.

Varapalo al juez y al fiscal
La sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona es muy contundente. Después de un análisis pormenorizado de la instrucción concluye con un fuerte varapalo al juez, y por ende al fiscal. Los hechos no están probados y la instrucción fue irregular. Nadie ha pedido cuentas ni al juez ni al fiscal por hacer mal su trabajo. En una empresa privada, sería motivo de despido.