El discurso de Navidad de Felipe VI acumula diferentes puntos negros que lo harán pasar a la historia. Al margen de las valoraciones y críticas de los diferentes partidos políticos, este lunes se ha sabido que la alocución real ha sido la menos vista de las últimas dos décadas (sólo un 57,8 por ciento de audiencia). Sin embargo, a medida que pasan las horas, se van conociendo detalles de su repercusión, siendo la más llamativa la queja presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la Defensora del Pueblo debido a alguna de las afirmaciones realizadas por el monarca en su tradicional intervención televisada. 

En concreto, esta entidad pone en entredicho que el rey asegurara que "son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas".

"Contra la dignidad de las víctimas"

Para la Asociación, este fragmento va en contra de la dignidad de las víctimas del franquismo, indicando que dicha "afirmación podría atacar los derechos de las familias de los 114.226 desaparecidos de la dictadura franquista". 

La queja fue presentada el mismo día de Navidad en la Oficina del Defensor del Pueblo y, al margen de lo anterior, en el escrito también se señala que se trata de "una declaración política contraria a los derechos de las víctimas del franquismo y de un carácter político que no le corresponde un jefe del Estado no electo y que tiene el deber de representar a toda la sociedad".

Proteger los derechos humanos

Por ello, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se pide a la Defensora del Pueblo que intervenga "para señalar los límites de interpretación política del monarca y que en ningún caso sus intervenciones puedan contradecir la protección de los derechos humanos".

Del mismo modo, a su juicio es "grave e inhumano negar a las familias de los desaparecidos de la dictadura franquista la posibilidad de dar sepultura digna a un ser querido", un hecho que, como recuerda, "contraviene la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria ratificada por España, así como los Informes del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU y del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición".

A modo de conclusión, este colectivo anuncia que enviará a Felipe VI "los informes de la ONU relativos a las víctimas de la dictadura franquista, así como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas".