La nueva ley de vivienda era el principal escollo que bloqueaba las negociaciones de los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, por los Presupuestos 2022. Finalmente hubo quórum e hicieron público un articulado cuyo propósito es topar los precios de los alquileres. Asimimsmo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un bono de 250 euros de ayuda para el alquiler para los jóvenes de entre 18 y 35 años con un sueldo inferior a 24.000 euros anuales. El Partido Popular no tardó en afilar sus cuchillos y, haciendo alarde de una oposición grosera que se opone a todo, su líder, Pablo Casado, anunció que las comunidades autónomas gobernadas por su partido no aplicarán la normativa. Incluso, Casado llegó a espetar que “si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler”. Lo llamativo de todo esto no es únicamente la desconexión del PP con la realidad social, sino que la propia formación no hace mucho prometía ayudas para el alquiler, alardeaba de ello y exigía su estricto cumplimiento. Grandes incoherencias de ayer y de hoy.

Durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa, Casado habló bien de las ayudas al alquiler porque ya las propusieron ellos. De hecho, afeó a Sánchez que “son menos de las que planteamos nosotros cuando gobernábamos”: “Del 2013 al 2016 el PP puso sobre la mesa 2.500 millones de euros”, insistió. Acto seguido, y en un ejercicio de incongruencia política como pocos, censuró que “las ayudas incrementan el precio del alquiler”. ¿En qué quedamos? ¿Son buenas si las impulsa Génova y malas si lo hace Ferraz y los morados?

 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pecó de descarado cuando en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter reconoció que no piensa hacer “nada” para abordar la problemática del acceso a la vivienda en la capital. Pero echemos la vista atrás. Julio del 2019. Almeida prometió que concedería una ayuda a la vivienda de hasta 150 euros mensuales a los menores de 35 años que llevaran empadronados al menos cinco y quisieran independizarse. Entonces, denunció el “estrangulamiento” de una “subida de precios que es inasumible para muchos jóvenes”. En consecuencia, avanzó también que levantaría un parque de 15.000 viviendas en régimen e alquiler con precio tasado.

En otras palabras, Almeida no solo exhibió su despreocupación por uno de los principales problemas del país, máxime en la capital; sino que su impostada postura le dejó en evidencia.

El líder del PP y el alcalde de Madrid no son los únicos populares que hasta el anuncio de Sánchez se mostraban a favor de las ayudas al alquiler. El Gobierno murciano sacó pecho el pasado enero de que “las ayudas al alquiler que concede la Consejería de Fomento se están ejecutando”; y en Baleares, la formación genovesa exigía al Govern que las ayudas no se pagaran con retraso como ya ocurriera en 2020.

Hasta la actual portavoz parlamentaria en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, era favorable. En el año 2018, cuando era alcaldesa de Logroño, impulsó una ayuda de 100 euros para jóvenes que alquilaran en el casco antiguo. Pero es que, hace más de una década, en 2009, Gamarra pidió subir la media de las ayudas al alquiler. Por entonces era la portavoz del Grupo Popular en Logroño y censuró que “cada año las familias reciben menos ayuda al alquiler”.

En suma, Génova parece apoyar las ayudas al alquiler, pero únicamente si las impulsan ellos. Sino, pues no. Y fin.