La compleja arquitectura parlamentaria de esta legislatura ha devuelto al redil a Junts. Los neoconvergentes sienten que tienen en su poder las llaves de Moncloa para condicionar la agenda legislativa y el pasado jueves hicieron notar su músculo. Sin embargo, ahora ponen pie en pared y admiten que el acuerdo con el PSOE que facilitó la convalidación de los reales decretos la pasada semana (el ómnibus y el escudo anticrisis) no contemplaba el alcance de la cesión de competencias en inmigración. El secretario general de los independentistas lo ha reconocido este lunes, al mismo tiempo que desempolvaba el referéndum a modo de advertencia al Gobierno: “Sin ello, colorín colorado”.
Desde el jueves, Junts ha rediseñado su narrativa con vistas al territorio catalán, donde está en disputa el voto nacionalista en unas elecciones catalanas previstas para 2025. Sin embargo, se prevé que los comicios autonómicos se adelanten a este mismo curso, por lo que el pulso en el seno del independentismo se dirime en la Carrera de San Jerónimo a través de la cintura que sendas formaciones exhiban como contrapesos de Moncloa en el Congreso de los Diputados. Los neoconvergentes han insistido hasta la saciedad que los socialistas cedieron con la “gestión integral” de las competencias en inmigración a Cataluña. Una narrativa que han mantenido hasta este lunes, cuando, ante los micrófonos de Rac 1, el número dos de la formación soberanista ha admitido que el acuerdo con el PSOE no delimitaba el alcance de la transferencia.
Jordi Turull, secretario general de Junts, ha entregado la cuchara en el conato de batalla por el relato con Moncloa. Los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, han precisado que el pacto no comportaba una transferencia total de las competencias en materia de inmigración, pues ni el recientemente aprobado pacto europeo ni la Constitución Española lo permiten. Al menos así lo ha justificado Pedro Sánchez en Radio Nacional de España (RNE), contraviniendo el relato que han esbozado desde la formación que dirige Carles Puigdemont desde Waterloo.
El número dos de los neoconvergentes lo ha admitido públicamente, a pesar de percutir en que las intenciones de su formación pasan por lograr la “gestión integral” de las políticas migratorias; reiterando, eso sí, que el acuerdo con los socialistas no precisaba el alcance de la potencial transferencia. De hecho, Sánchez ha argumentado que es el momento de “abrir el debate” al resto de autonomías. En cualquier caso, Turull celebra que se trata de una “decisión política de calado”, al tiempo que arremetía contra el Govern de Pere Aragonès (ERC), a quienes insta a no tener “miedo” de asumir la “gestión integral” de las competencias en inmigración.
De nuevo, el referéndum
Al claudicar -en parte- en la guerra dialéctica con Moncloa a costa de la transferencia, Junts no ha dudado en resucitar el fantasma del referéndum de autodeterminación. Los neoconvergentes sienten que pueden condicionar la legislatura con sus siete escaños en el Congreso de los Diputados y, por ello, subrayan que si en el horizonte de convivencia que plantea el Gobierno no se encuentra la consulta, se acabará la legislatura.
“Si el Estado se niega a un referéndum, colorín colorado”, ha puntualizado el número dos de Junts, en el momento en el que confirmaba una nueva reunión bilateral con los socialistas en enero. Este nuevo encuentro se enmarca en las citas pactadas por sendas formaciones en el marco del acuerdo que facilitó la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. Una nueva convocatoria que contará con la supervisión del mediador salvadoreño Francisco Galindo.
Turull sostiene que en esta “reunión secreta” no se abordará el desarrollo de los últimos pactos con los socialistas, sino que se dirimirán cuestiones de calado para la agenda independentista, como la concesión de un concierto económico para la región que desemboque en una “financiación singular” y alejada del régimen común. Petición que quedará solapada bajo la sombra del mantra de la autodeterminación total con una nueva reclamación para celebrar el esperado referéndum. Es aquí cuando ha advertido al Ejecutivo, situando éste como una condición sine qua non para que la legislatura dure lo que está previsto en la Constitución.
Enmiendas a la amnistía
En lo relativo a la senda de la medida de gracia, Turull ha confirmado que los equipos legales de su partido, junto a los del PSOE y Esquerra, están trabajando conjuntamente en la elaboración de enmiendas “conjuntas” que la alejen de un posible “boicot de la cúpula judicial”. El número dos de los soberanistas ha precisado que se trata de detalles “puramente técnicos” que no modificarán el acuerdo suscrito por ambos equipos en Bruselas.
